Quizás tengamos en México un cambio sustantivo en la calificación de los delitos relacionados con el narcotráfico, como consecuencia de las novedades introducidas en algunos estados de la Unión Americana que, al margen de la legislación federal de ese país, han venido aprobando la despenalización del consumo, y en algunos casos de la producción y la comercialización, de ciertas drogas, en particular de la mariguana. En relación con esos hechos allende la frontera, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del legislador perredista Fernando Belauzarán, para que en 2013 se convoque a un debate nacional sobre la posible legalización de la mariguana en el país. No cabe duda de que tanto el presidente Peña Nieto como el PRI y los demás partidos políticos, así como los tres Órdenes de Gobierno y los poderes Legislativo y Judicial, parecen tener una conciencia clara acerca de la preocupación de la sociedad por el problema de la violencia y la inseguridad y, por tanto, todos estiman la enorme importancia política de mejorar satisfactoriamente la solución a esos problemas, para poder recuperar la gobernabilidad y hacer viables las demás reformas económicas, sociales y políticas que el país requiere. De otra manera no podríamos continuar, exitosamente, nuestro proceso de transición para insertarnos en el nuevo orden global, en el que gozamos afortunadamente, de una calificación extraordinariamente buena por lo que se refiere a la macroeconomía, pero en el cual también se acusan deficiencias importantes en nuestra competitividad, que será imposible superar sin las reformas que se han identificado como “estructurales”. El primer asunto que destacó el presidente Peña Nieto, en su mensaje en cadena nacional con motivo del nuevo año, es precisamente el de la seguridad al que se refirió en los siguientes términos: “Vamos a trabajar para construir un México en paz. Habrá una estrecha coordinación con los gobiernos locales, para que el orden y la tranquilidad, poco a poco vuelvan a ser una realidad en todas las regiones del país. Los resultados tomarán tiempo, pero ten la seguridad de que tú y tu familia podrán volver a disfrutar de México con plena libertad”. Sin embargo, siendo éste el primer asunto mencionado, su exposición fue breve y sólo uno de los cinco incluidos en la alocución. La mayor insistencia se enfocó hacia “la unidad nacional, al trabajo en conjunto”… a las “decisiones importantes” que se han tomado y a las que vendrán en el futuro…, porque 2013 tendrá “importantes reformas”…, porque “hay un gran ánimo de cambio y transformación”… “es tiempo de mover a México”. La Ley General de Víctimas que había sido impugnada por el presidente Felipe Calderón, quien promovió una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue aprobada y publicada por el presidente Enrique Peña Nieto, sin dar ninguna explicación de cómo o por qué habían sido desestimadas las razones del mandatario anterior. Esa resolución presidencial mereció el aplauso del poeta anarquista Javier Sicilia -que ciertamente no puede representar cabalmente a la sociedad, ni siquiera a las víctimas de la violencia-, pero fue recibida con reservas por Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace otros activistas que se han distinguido por su lucha a favor de los afectados por la delincuencia. José Antonio Ortega presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A. C. ha hecho notar que lo más importante para las víctimas no es recibir una compensación económica sino obtener justicia por medio de una buena investigación que determine a los culpables de los crímenes, mismos que deben ser castigados de acuerdo con la ley, para evitar la impunidad que es lo que mayor daño produce a las víctimas y a toda la sociedad.