El fallo de la Suprema Corte de Justicia que le dio la libertad a Florence Cassez partió asimétricamente a los mexicanos, para quienes el apego a Derecho y la defensa de los derechos constitucionales de la francesa es irrelevante frente a la sentencia de 60 años que purgaba por secuestro. Como se ha mantenido durante un año, ocho de cada 10 mexicanos rechazan el fallo porque la hace ver inocente y piensan que se beneficia al victimario sobre la víctima, al tiempo de que se abre la puerta para que otros más recuperen su libertad. El argumento que dio el voto de mayoría en la Primera Sala de la Corte se refiere al "montaje" –así lo llamó- que hizo Televisa en coordinación con agentes federales en 2005 para transmitir una recreación de la captura "en vivo". La liberación de Cassez y el tiempo permiten observar que el engaño de Televisa a su audiencia es irrelevante. Pero no lo es cómo, sin pensar en ese momento en las consecuencias legales, fueron cómplices de una conculcación de derechos constitucionales, al presentar a la francesa en un contexto que prejuició y contaminó las pruebas testimoniales de sus acusadores. La paradoja del fallo es que el método utilizado por agentes federales, no era nuevo. Lo hicieron con la "liberación" de Rubén Omar Romano, director técnico del Cruz Azul, en septiembre de 2005, que habían solucionado un día antes y recrearon, como tres meses después con la francesa, para beneficio de las televisoras. Por mucho tiempo antes, era práctica de las policías presentar a presuntos delincuentes ante la prensa, que difundían sus fotografías antes de ser juzgados como si ya lo fueran. Nadie, hasta el caso Cassez, levantó las cejas y gritó que violaba garantías individuales. ¿Cuántos mexicanos tuvieron un juicio contaminado por lo mismo y pagaron por penas ajenas? ¿Por qué no fue sino hasta que una francesa fue afectada cuando se incendió el País? Probablemente porque el tema se internacionalizó con el conflicto entre los presidentes Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, y había un contexto radicalmente distinto a los tiempos cuando se liberó a Romano o cuando se violaron tantas veces los derechos de los presuntos culpables. Cuando se "liberó" a Romano también se "detuvo" a varios de sus captores. ¿Por qué no apelaciones que detonaran esta discusión hace años, máxime si los comandantes policiales eran los mismos? En alguna medida porque la diferencia sustancial entre el antes y el gobierno de Calderón, hoy sujeto a juicio político y popular, es que ningún otro Presidente había manipulado la procuración de justicia para moldear la opinión pública. "Uno de los rasgos que marcarán la cruzada del `Presidente... contra los cárteles de la droga", se publicó en este espacio en octubre pasado, "son el uso y abuso de propaganda e información sesgada y filtrada a medio para crear cortinas de humo, ocultar deficiencias y modificar la agenda pública. No se hizo para construir consensos para gobernar, sino para evitar el pago de costos políticos en menoscabo del daño institucional". Para legitimar las acciones de fuerza contra los cárteles de la droga, la comunicación de Los Pinos se sustentó en spots donde llegaron a difundir incluso información de averiguaciones previas, en violación fragante de la ley, y se abusó de la difusión de presuntos delincuentes. Sin importar el grado de peligrosidad de algunos de ellos o todos, incluso, lo que causó esa propaganda fue exactamente lo mismo que con Cassez: contaminó las pruebas testimoniales. Hubo críticas muy aisladas en un principio, que después se ampliaron en la prensa, pero nunca lograron que se modificara la estrategia. Lo importante no era la ley, sino legitimar la guerra. La liberación de Cassez desnuda la necedad de Calderón por impulsar una comunicación con este País a partir de la violación de las leyes, para convencerlo de lo noble de la guerra contra las drogas, y de crear las condiciones para que su gabinete de seguridad, enfrascado en una lucha por mejorar su imagen ante la opinión pública, también violara sistemáticamente la ley. Cassez es la primera víctima de esa política de comunicación que encuentra la libertad en un tecnicismo constitucional que le ahorra probar que no era una secuestradora. ¿Cuántos más delincuentes o inocentes seguirán ahora sus pasos? Nadie lo sabe. Pero no es algo para agradecer al gobierno de Calderón, sino para exigirle cuentas al respecto.