Aun cuando no hubo muertos en los disturbios del primero de diciembre, todos pudimos observar en la televisión la saña de algunos comandos que actuaban de manera cínica, organizada y sistemática para destruir vidrieras, aparadores, fachadas y cuanto se les atravesaba.
Vimos cómo se apoderaban de un camión de carga para lanzarlo como ariete formidable en contra de las barreras metálicas, atrás de las cuales se encontraban policías desconcertados, sin atinar a dar una respuesta adecuada para disturbios tan graves y peligrosos.
Hasta la fecha no han podido presentar un informe bien sustentado con pruebas de lo ocurrido, ni por parte del gobierno de la Capital y su procuraduría, ni tampoco de las autoridades federales.
Finalmente, se detuvieron a noventa y cinco personas. Se liberaron casi de inmediato a veintiséis, diez de ellas menores. Después, fueron dejados en libertad por falta de pruebas otros cincuenta y cinco quedando detenidos catorce, mismos que a la postre fueron liberados por medio de fianzas pagadas por los propios legisladores perredistas, después de que, en una reacción francamente extraña, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó el Código Penal y la tipificación del delito de ataques a la paz pública, para reducir la penalidad y hacer posible la reclasificación de las faltas cometidas por los encausados.
Hay algunos hechos francamente inexplicables: entre la centena de detenidos no apareció ni uno sólo de los vándalos encapuchados que se dedicaron a destruir sistemáticamente.
En algunos videos aparecen personas que parecieran haber formado parte de los comandos dedicados a la destrucción. Están atrás de las barreras que separaban a los manifestantes de las policías, platicando amigablemente con ellas sin que haya habido ninguna explicación al respecto, dando lugar a graves suspicacias.