Lo dicho: el burdo manoseo a que (en el marco de su renovada relación de primos-hermanos) senadores priistas y perredistas sometieron la iniciativa presidencial de Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya minuta ya aprobada por ellos deberá evaluar y votar esta semana la Cámara de Diputados, enfrentó ya al gobierno de Enrique Peña Nieto, con la cúpula de la jerarquía católica liderada por el cardenal Francisco Robles Ortega, de la arquidiócesis de Guadalajara.

A juzgar por la evolución que en los últimos días ha tenido el referido asunto, y más específicamente después de que, el martes, la Conferencia del Episcopado Mexicano hiciera publicar un inusual desplegado destacando las inconsistencias de la propuesta, así como el grave riesgo en que la aprobación del ordenamiento recibido del Senado dejaría a niños y jóvenes mexicanos, el nivel de confrontación encendió ya luces de alerta en las más importantes oficinas de la administración federal.

Y esto, no sólo por la consistente defensa del derecho de los padres de familia a educar a sus hijos según sus propias convicciones morales y religiosas que hacen los prelados católicos sino, también, por el señalamiento de cómo, lo que hasta el momento el perredismo no ha podido hacer valer para el Distrito Federal, ahora se pretende incluir en la legislación federal, bajo la inexistente denominación de “derechos sexuales y reproductivos” que, se preguntan los mismos, refieren ¿a que los niños, niñas y adolescentes tengan el derecho a decidir de manera libre el número y espaciamiento de hijos que deseen; (a) recibir información y tener acceso a métodos anticonceptivos de manera gratuita y suficiente; a (tener el) derecho a contar con servicios médicos y jurídicos que les permitan construir la identidad sexo-genérica que deseen... cuando hablamos de pequeños de entre 11 y 17 años?

El asunto ofrece “escalar” aún más si, como parece, también en San Lázaro, la falta de sensibilidad para definir términos y alcances de una ley que pretende proteger a los más pequeños de los mexicanos mueve a aprobar absurdos…

Asteriscos

* En reconocimiento a su ininterrumpida trayectoria de más de cuatro décadas en el Poder Judicial federal, la ministra Margarita Luna Ramos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió la Medalla al Mérito Jurídico Licenciado Agapito Pozo Balbás que por primera ocasión entregó el Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de  Querétaro. La presea está destinada a reconocer a juristas mexicanos que han dejado huella en el mundo del derecho.

* Al tiempo que, en paralelo, crece el clamor para encontrar con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, en Iguala, y avanzan las pesquisas con tal propósito, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) volvió a irrumpir en redes sociales para, otra vez, llamar a organizar una suerte de autodefensas contra el narcoestado guerrerense y advertir que “se hará lo que se tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que ejercer, sea de los nuestros o no”…