José Antonio Ortega (yoinfluyo.com)

El Gobierno Federal no ignoraba que a Rogelio Ortega, el gobernador sustituto de Guerrero, lo habíamos denunciado penalmente en 2009 por presuntamente haber cometido secuestros, unos en alianza con las FARC. Pero aun así decidió apoyarlo y fue recibido en Los Pinos por el Presidente Enrique Peña ¿Por qué?

Al parecer, en el Gobierno Federal priva una muy severa consternación por las consecuencias políticas de la desaparición de los 43 normalistas.

Cuando se leen los comunicados del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, que ha tenido la hegemonía en la Normal Rural de Ayotzinapa por años, es claro que ese grupo terrorista y otros perciben los hechos del 26 de septiembre como el inició de una campaña que busca aniquilarlos, o así es como ellos quieren que los demás perciban su percepción.

Ante una supuesta amenaza así, la respuesta guerrillera tendría que tener pocos límites. Los atentados contra ductos a PEMEX en 2007 serían apenas una pequeña muestra de lo que podría venir.

Como en 2007, cuando el gobierno de Felipe Calderón negoció secretamente con el Ejército Popular Revolucionario para tratar de convencerlo de que no había participado en la desaparición de 2 de sus dirigentes, ahora la administración del Presidente Peña habría requerido de un gesto mayor para demostrar que no reedita la “guerra sucia”, que nada tiene que ver con la desaparición de los 43 alumnos. El gesto es la elección de Ortega, a quien los grupos subversivos pueden percibir como uno de los suyos...o casi. Para conjurar una campaña terrorista, además los desaparecidos deben aparecer y debe castigarse a todos los implicados.

Pero entender las razones del Gobierno Federal no equivale a compartirlas. Los hechos del 26 de septiembre y sus consecuencias se podrían haber evitado si no hubiera sido tan negligente en Guerrero, si la PGR hubiera actuado contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el asesinato de tres personas en mayo de 2013.

Después había alternativas a llevar a un secuestrador a la gubernatura de Guerrero, pero el Gobierno Federal no pudo o no quiso hallarlas. Las consecuencias de esto podrían ser más atroces que las amenazas que se trata de conjurar. Y eso pasa cuando se danza con el diablo.