Bernardo Ardavín Migoni (yoinfluyo.com)

La afectación de la violencia y la ingobernabilidad en el ámbito económico por la vía de la disminución de las inversiones, no sólo desde el extranjero, sino también de las empresas medianas y pequeñas del país, se comienza a sentir.

El gobierno no podrá salvar su prestigio sólo mediante gestiones diplomáticas y discursos, necesita resolver los problemas.

Las tragedias de Tlatlaya y Ayotzinapa provocadas por los asesinatos y desapariciones, han conformado un espectáculo macabro que deteriora significativamente el prestigio del gobierno mexicano y evidencia que son numerosos los casos de localidades, en el territorio nacional, que adolecen de ingobernabilidad, de prevalencia de los delincuentes que tienen sometida a la ciudadanía mediante el terror; y, lo que es todavía peor, que en numerosos lugares pareciera gobernar una mafia, resultante del contubernio entre autoridades y delincuentes.

El “nuevo PRI” tiene el reto de someter, mediante la ley, a los numerosos políticos complicados con el crimen organizado.

La pregunta es si el gobierno del “nuevo PRI” estará dispuesto a someter a la ley a los miembros de la “familia revolucionaria” y a los demás políticos que, desde las posiciones de gobierno, los congresos y los partidos, medran con los recursos provenientes de la delincuencia y se sirven de ella para mantener y acrecentar sus posiciones de poder, en un ambiente mafioso que todo lo corrompe.

¿Qué debemos hacer?

Todos debemos acompañar, en alguna forma, las protestas que estudiantes y diversas asociaciones sociales están liderando, sin permitir la violencia que lesiona su legitimidad, para exigir que el Presidente Enrique Peña Nieto, el Procurador Jesús Murillo Karam y el resto del Gabinete de Seguridad, resuelvan los graves problemas de Ayotzinapa y Tlatlaya, porque hasta ahora se han concentrado en tratar de controlar los daños más que en solucionar, a fondo, los dos casos.

Los resultados de las investigaciones son sumamente pobres, y se refieren principalmente a la detención de diversas personas a las que se ha identificado como miembros de la delincuencia organizada que opera en Guerrero y, por lo tanto, que estarían presuntamente involucrados en esos hechos. Pero lo cierto es que los 43 muchachos no aparecen ni vivos ni muertos y la responsabilidad de los miembros del Ejército no ha sido definida con transparencia.