Al margen de la oficial apertura de un periodo para revisar a fondo, y seguramente corregir, el indefendible dictamen de su Unidad de Fiscalización que sugiere multar a los partidos del Movimiento Progresista que postuló a Andrés Manuel López Obrador, por el supuesto rebase de gastos en la pasada campaña, el Instituto Federal Electoral (IFE) abrió, en la última sesión de su Consejo General, un espacio para tratar de no perder en definitiva, o de recuperar al menos, su hoy diezmada dignidad y abollado prestigio.
Entre el pasado miércoles, efectivamente, y julio próximo, en que retomará el debate del gasto realizado por los distintos partidos durante la elección presidencial de 2012, y las concurrentes de diputados y senadores, el IFE de Leonardo Valdés Zurita tendrá que reconstruir la imagen de entidad autónoma, independiente y digna de credibilidad… sin la cual su permanencia como árbitro incuestionable de la democracia mexicana se antoja simple y sencillamente inviable.
Para recuperar el reconocimiento perdido, entonces, el Instituto deberá aprovechar el individual y coordinado esfuerzo de todos y cada uno de sus ocho consejeros, más el de quien se designe para sustituir al dimitente priista Sergio García Ramírez, y el de los representantes de los partidos, para concluir, primero, la revisión del polémico dictamen que de una u otra manera se verá complementado con las decisiones sobre el controvertido caso Monex tome, en su momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y luego avanzar una revisión a fondo de las políticas aplicables en la siempre delicada revisión de gastos de campaña.
No hacerlo así, huelga decir, le llevaría a tropezarse (otra vez) con la misma piedra…, lo que daría paso a cuestionamientos y enfrentamientos tales entre las diferentes fuerzas políticas y a un descrédito del Instituto de tal magnitud, que devolverían al sistema electoral mexicano a etapas que nadie hoy, debemos creer, desea.
Y esto, huelga decir, sin dejar de insistir en que si tras una justa y equilibrada revisión y corrección del dictamen citado, o de otras cuentas de la pasada campaña, la decisión de los consejeros no es otra que aplicar multas a uno u otro de los diferentes partidos, la misma deberá ser no sólo acatada por los afectados sino, incluso, aplaudida por la ciudadanía.
Asteriscos
* Nunca más oportuna la preocupante estadística del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de José Antonio Ortega Sánchez que, con 142.88 homicidios por cada cien mil habitantes, ubica al otrora paradisiaco Acapulco como segunda entre las 50 ciudades más violentas del mundo, apenas detrás de San Pedro Sula, Honduras. Otras ocho localidades mexicanas debieron ser incluidas en la lista negra: Torreón, Nuevo Laredo, Culiacán, Cuernavaca, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad Victoria y Monterrey…