Por Bernardo Ardavín Migoni (yoinfluyo.com)

En forma natural, los medios de comunicación se han abocado en los últimos meses de 2013 y enero de 2014, a pergeñar alguna suerte de balance de los primeros 13 meses de la administración de Enrique Peña Nieto que, tal como ya lo hemos comentado en otras ocasiones representa, sin duda alguna, al “nuevo PRI”.

La nota preponderante ha sido el cúmulo de reformas, tanto constitucionales como legales, que se han producido en este breve lapso.

La reforma energética no ha sido la única, pero el gobierno la ha manejado como la más importante de ellas. La razón es comprensible: la explotación de nuestra riqueza energética utilizando los instrumentos modernos de la tecnología, ciertamente podría aliviar de manera consistente y estructural las finanzas públicas y, como consecuencia, podría proporcionar al gobierno el apoyo financiero necesario para operar y desgraciadamente también para cooptar o someter a muchos, “para recuperar la rectoría del Estado” como les gusta decir a sus representantes, distribuyendo prebendas y privilegios de la manera arbitraria y discrecional que mejor le convenga, para consolidar la estructura corporativa y de esta manera conservar y acrecentar su poder.

Las opiniones están divididas: algunos elogian esa reforma, comenzando por los medios de comunicación norteamericanos, ponderando la gestión del presidente Peña Nieto como la más notable de América Latina y mostrando su entusiasta beneplácito por la apertura en esa materia. Esos cambios tienen la virtud de abrir las puertas a negocios internacionales que pueden ser gigantescos y que sin duda podrían beneficiarnos.

Otros, en cambio, han mostrado un rechazo vehemente contra esa reforma. AMLO y sus seguidores han denunciado a este régimen porque, supuestamente, está entregando al país en manos de los intereses extranjeros. AMLO ha llegado al extremo de amenazar con formular una demanda al Presidente de la República, como supuesto reo de traición a la patria.

Ambas visiones parecieran construidas alrededor de enfoques político partidistas o de grupos económicos al margen de los intereses del pueblo mexicano, sobre todo de los marginados, pobres y miserables que constituyen más de la mitad de la población y que, con razón, no ven cuál pudiera ser el modo de aprovechar esas enormes riquezas, en su beneficio.

Visto con objetividad debemos reconocer que han sido muchos los cambios y que en su conjunto, sin duda, modificarán profundamente los equilibrios políticos, económicos y sociales del país. Sin embargo, el balance socioeconómico actual es preponderantemente malo.

Hemos crecido poco, no hemos generado los puestos de trabajo que necesitamos, los salarios han seguido perdiendo su poder adquisitivo lesionando gravemente a la mayoría de las familias y la dinámica del mercado interno.

Nuestra economía sigue gravitando alrededor de las exportaciones que, sin duda, han sido el motor principal del crecimiento económico aunque en beneficio de pocos, porque hemos sido incapaces de conectar, a la locomotora del mercado externo, una multitud de vagones que representan los negocios medianos y pequeños que podrían incrementar sustancialmente el contenido nacional de los bienes exportados, si contáramos con una política pública adecuada para lograrlo.

El problema de la inseguridad y el de la violencia son extraordinariamente preocupantes. Lejos de haber tenido alguna mejoría significativa estamos empantanados por la falta de una acción transparente eficaz y sostenible del gobierno, y arrebatados en una vorágine que afecta a muchas porciones de nuestra población, en prácticamente todo el territorio nacional. Sin seguridad jurídica y seguridad pública de poco servirán las famosas reformas estratégicas que están en proceso de ser perfeccionadas con la legislación secundaria y a la postre, aplicadas.