Luis Pazos (Reforma)

La terminación de un costoso, ineficiente y corrupto monopolio estatal del petróleo, independientemente de que las leyes secundarias puedan ser insuficientes para atraer la inversión privada esperada, constituye un gran avance. Es el paso más trascendental y positivo del gobierno de Enrique Peña Nieto con el apoyo del PRI y el PAN en el Congreso y el rechazo de una izquierda a la que se le paró el reloj en los años 60 del siglo pasado.

La reforma energética no tiene sus fundamentos en una ideología neoliberal o de derecha, sino en una necesidad aritmética de obtener recursos y hacer eficiente el sector petrolero. En este año ya se dio una balanza petrolera negativa. México desembolsa más dólares por la compra de gas, gasolinas y petroquímicos, que lo que recibe por la exportación de crudo, cuya producción disminuye gradualmente. La única alternativa para elevarla, y no convertirnos en unos años en importadores de crudo, es extraer más de aguas profundas del Golfo de México, para lo cual no tenemos recursos ni tecnología.

La deuda externa de Pemex, más sus pasivos laborales, arrojan una quiebra contable, la que reconoce expresamente el gobierno al absorber esos pasivos y hacerla viable financieramente, sólo por unos años, si no corrigen los factores que causaron esa quiebra.

Los únicos perjudicados con la tardía apertura energética son los líderes sindicales, funcionarios y contratistas que a la sombra del monopolio estatal petrolero amasaron grandes fortunas: los líderes, mediante cuotas sindicales, personal excesivo y venta de plazas; los funcionarios, a través de la venta de contratos; y los contratistas, por millonarios ingresos ilícitos por sobreprecios y servicios fantasma.

Las reformas fiscal y laboral no apoyan al crecimiento y progreso de México, pero sí puede ayudar la reforma energética, si es bien manejada y rápidamente implementada, sin la creación de más burocracia y organismos innecesarios que aumenten la ya inflada nómina de Pemex.