Pedro de Legarreta Lores

La Real Academia Española tiene cuatro acepciones para la palabra árbitro: 1. adj. Dicho de una persona: Que puede hacer o decidir algo por sí sola sin dependencia de otra. U. t. c. s.; 2. m. y f. Persona que, como autoridad reconocida o designada por las partes, resuelve un conflicto o concilia intereses; 3. m. y f. Persona que en algunas competiciones, normalmente deportivas, cuida de la aplicación del reglamento, sanciona las infracciones o fallos y valida los resultados; 4. m. y f. Persona cuyo criterio se considera autoridad.

Tradicionalmente en México, hemos denominado al Instituto Electoral el árbitro de las decisiones en ese campo, sin embargo hoy en día corre riesgo al no apegarse a ninguna de las cuatro definiciones que da la academia de la lengua, pero en especial porque no lo es.

Muchos ciudadanos dudan hoy en día que el instituto electoral del que se trate, ya sea nacional o local, pueda "hacer o decidir algo por sí sola sin dependencia de otra", en especial se duda de que tenga una independencia de los mismos que deben ser arbitrados, los partidos político, o incluso que sea realmente independiente del poder ejecutivo.

Tampoco parece capaz de resolver conflictos o conciliar intereses, ya que casi invariablemente los participantes en la contienda electoral terminan acudiendo al Tribunal para resolver las diferencias que existen tras un proceso, ejemplos hay muchos, pero incluso los candidatos independientes han tenido que recurrir a la instancia judicial ante la duda o franca parcialidad del órgano rector.

Dentro del fracaso más grave se encuentra el que no aplica el reglamento, ni sanciona las infracciones, todos tenemos muy presentes las infracciones cometidas por el Partido Verde Ecologista de México con sus anuncios, mientras que se negó a retirar el registro a pesar de ser reiteradas dichas infracciones; y lamentablemente siempre está presto para validar los resultados, aunque no siempre lo haga con el mayor acierto, como lo fue recientemente en el caso de Colima, donde la presidenta del instituto electoral local dio el triunfo a un partido cuando el número de votos favorecía a otro... nada importa que finalmente la elección haya sido finalmente anulada; peor aún, ahora la autoridad electoral federal no considera que la destitución sea la sanción adecuada para esta funcionaria.

Finalmente, la sociedad no reconoce el criterio de las autoridades electorales como una autoridad. Esto es lo más grave de todo, ya que sin una autoridad reconocida, el que resulte triunfador de un proceso siempre carecerá de la legitimidad necesaria.

La sociedad mexicana tiene muchos motivos para desconfiar, especialmente porque aún está fresco en la memoria la gran cantidad de fraudes electorales y la democracia naciente es cosa de pocos años. Ante ello, la autoridad electoral debe ser sumamente pulcra para evitar su descalificación y por tanto la del proceso mismo.

En Sinaloa, de manera particular, tendrá que resolver con mucha claridad y transparencia el asunto de la coalición del PRI-PANAL-PVEM, debido a la extemporaneidad con que fue presentada la solicitud y la perspicacia de la sociedad que vincula invariablemente al Instituto Electoral con una dependencia del priismo estatal.