Bernardo Ardavín Migoni

La asignatura pendiente, más atrasada, en el proceso de modernización o transición política en México, sin ninguna duda es todo lo relacionado con la justicia: el Poder Judicial en los tres Órdenes de Gobierno, y las autoridades encargadas de la seguridad, así como el Ministerio Público, tanto a nivel federal como estatal, necesitan ser saneados y modernizados. Relacionado con ese atraso, se encuentra la falta de respeto a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, ya que es prácticamente imposible tener buenos resultados si las instituciones relacionadas con esta materia se encuentran debilitadas, no funcionan adecuadamente o, lo que es peor, han sido pervertidas o cooptadas por la delincuencia, lo cual resulta fuente de múltiples violaciones a los derechos fundamentales cometidos por funcionarios y autoridades de toda índole.

El informe reprobatorio del GIEI no puede ser desestimado

El problema de México con el GIEI no es un caso aislado. Varios organismos internacionales señalan graves fallas por lo que se refiere a los derechos humanos: El informe de la ONU sobre la tortura, el de la CIDH, que lo publicó con el título "Situación de Derechos Humanos en México", el que versa sobre desapariciones y desapariciones forzadas, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU y el Informe de Human Rights Watch, todos se suman al Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también al del Grupo de Expertos.

¿Qué debemos hacer?

Varias instancias internacionales, como la ONU, o la Secretaría de Estado del gobierno estadounidense, han estado siguiendo la evolución de las opiniones sobre México, que por otro lado han sido públicas, y por ello se sienten con el derecho a opinar, desde un punto de vista político, acerca de la situación de los derechos humanos en el país. Materia ésta que ha sido propicia para romper fronteras nacionales, y también jurisdicciones legales, porque la tendencia universal es que nadie, ni los Estados mismos con su legítima soberanía, pueden estar por encima de los derechos humanos de sus ciudadanos y, por ende, no los pueden violar ateniéndose a sus propios órdenes jurídicos de derecho positivo.

Los mexicanos debemos exigir al gobierno un cambio sustantivo en la administración e impartición de la justicia para evitar que intereses de otra índole ---como los económicos y políticos estadounidenses---, traten de intervenir en México porque seamos incapaces de garantizar un efectivo Estado de Derecho. Para ello, por lo pronto, debemos impulsar la adopción del sistema anticorrupción que está siendo bloqueado en el Congreso.