El día de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que los recursos del FONDEN serán insuficientes para atender la gran cantidad de daños provocados por “Ingrid” y “Manuel”. Este fondo cuenta con 933 millones de pesos, pero los daños en Jalisco, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Veracruz son muy superiores a dichos recursos.
El problema es que cada año, aunque aumentan los recursos destinados al FONDEN, aumentan también la magnitud de los daños, además que no pueden recuperar, por desgracia, las vidas humanas perdidas durante el fenómeno.
Por ello es imprescindible iniciar el camino de la prevención, el mismo FONDEN tiene ya un recurso apartado para la prevención de desastres naturales, y no es que se vaya a evitar que se presente un ciclón, o un sismo o un incendio o cualquier otro desastre natural, esos seguirán dándose, pero se puede minimizar significativamente su daño con actitudes muy serias de prevención que tienen que ver desde la planeación hasta la legislación, pasando por la sanción de quienes violen los preceptos fundamentales de esta nueva cultura que se tiene que desarrollar.
Todos sabemos que muchas de las desgracias ocurridas en esta ocasión y en otras anteriores, tienen que ver con la indolencia de la autoridad y la codicia de los desarrolladores que, sin importarles lo que pueda ocurrirles a los futuros habitantes, construyen desarrollos habitacionales en zonas de riesgo, como son los cauces de los ríos y las zonas bajas de los centros poblados. Es indispensable que los atlas de riesgos de las ciudades sean una obligación de la autoridad municipal y que estos tengan que ser supervisados por autoridades estatales y federales técnicamente competentes y éticamente responsables; los resultados de esos atlas deberán indicar cuales son las zonas que no deben estar habitadas porque son susceptibles de inundación, hundimiento, sufrir aludes o derrumbes, etcétera.
Una vez determinado esto, se debe reubicar a quienes habitan estas zonas, rescatando de esta manera a las víctimas potenciales antes de sufrir un percance, el costo deberá ser absorbido de manera tripartita por las autoridades, los desarrolladores y los mismos propietarios, y de esta manera se podrá evitar que se sigan presentando tantas desgracias. Si se actúa así, los recursos necesarios para atender desgracias se minimizarían considerablemente, además de lograr no tener que lamentar pérdidas humanas, al menos en gran cuantía.