(EL PAÍS) Entre 1985 y 1989 Margarita Cruz durmió en el suelo de un barracón con su madre, su padre, tres hermanos y cuatro familias más. En una frase resume su vida. “Sufres discriminación por ser mujer, sufres discriminación por ser indígena y sufres discriminación también por ser inmigrante”. Margarita tiene hoy 37 años y es presidenta de la organización Mujeres en Defensa de la Mujer, colectivo creado en el valle de San Quintín, una zona agrícola de Baja California poblada por familias que se desplazan hacia Estados Unidos, situada a cinco horas en autobús de Tijuana y a 3.400 kilómetros de su tierra natal, Oaxaca. “Trabajé en el campo desde los ocho años. Las condiciones eran muy duras, las máquinas fumigaban sobre nosotros. Vi abusos de los encargados a otros niños, que a cambio de un trozo de pan con mermelada pedían favores sexuales. También viví la violencia de mi padre hacia mi madre. Violencia física, psicológica. Ahora sé que era eso, en aquel entonces no”, dice mientras se cubre sus brazos con una fina chaqueta de punto.

En vísperas de la cumbre Beijing + 20, que se celebra en Nueva York del 9 al 20 de marzo para revisar los avances del plan de acción elaborado en China en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, 15 líderes indígenas se han reunido estos días en la Ciudad de México para hacerse oír. A menudo estas mujeres son ignoradas en las agendas de las políticas locales e internacionales.

Según datos del Censo mexicano de Población y Vivienda de 2010, el 6.8% de los hombres y el 6.6% de las mujeres mayores de 5 años habla alguna lengua indígena, lo que equivale a más de 6.6 millones de personas en el país. El 33.7% de las mujeres indígenas mayores de 15 años son analfabetas, un porcentaje que se reduce al 19.1% en el caso de los hombres. Las tasas de ausentismo escolar también son notablemente altas: el 42% de las que tienen entre 6 y 23 años.

Margarita desafió las estadísticas. Y a su padre. “Repetía que la escuela no era para mujeres y menos para mujeres pobres. 'Se van a reír de ti', me decía. Decidí estudiar con 19 años, después de haber aprendido a leer y a escribir en un programa nocturno. El primer día que fui al colegio quise regresar a casa, pero sabía que ese retroceso era un paso atrás no solo para mí, sino también para mi hermana pequeña y para mi madre, que había luchado por convencer a mi padre. Era decirle a él que tenía razón. Así que terminé el bachillerato”, relata con orgullo. El analfabetismo es uno de los problemas que afrontan las mujeres indígenas. La violencia machista, otro. En el valle de San Quintín la pobreza es un detonante para ambos.

“Todas vivimos violencia en sus distintas manifestaciones. En salud, impartición de justicia, cuando tratamos de expresarnos con nuestra lengua y no nos entienden en las instituciones...” explica la oaxaqueña Carolina Vázquez, de Tlahuitoltepec, una comunidad situada a tres horas de la capital del Estado de Oaxaca en la que se habla el mixe alto. Esta mujer, de 32 años, tuvo la oportunidad de estudiar Antropología Social en el Distrito Federal, un lujo en su municipio. Ha trabajado en radios comunitarias, ha formado parte del cabildo del pueblo y ahora es miembro de la Asamblea de Mujeres Indígenas, un foro creado en 2010 para poner sobre la mesa una agenda de trabajo que busca mejorar la situación de las mujeres en la región. Pero la representación femenina en la vida política es todavía muy baja.

Margarita Cruz, Hermelinda Tiburcio y Carolina Vázquez. / SAÚL RUIZ

El informe elaborado por México con motivo del 20 aniversario de la plataforma de acción de Beijing recoge que, en 2009, los ayuntamientos con más de un 40% de población hablante de lengua indígena contaban con unas participación “limitada” de las mujeres en la política (en muchos casos porque las normas propias lo prohíben). Únicamente 23 de 523 alcaldías estaban en manos de mujeres (un 4.4%) y de las 450 sindicaturas, solo 43 eran ocupada por ellas (9.6%).

Hermelinda Tiburcio Cayetano (38 años), fundadora de la organización Kinal Antzetik en Guerrero, señala la corrupción institucional como otro problema. Desde hace tres años el Gobierno le asignó protección por las amenazas que sufría. “Han balaceado mi camioneta, han dejado recados a mi oficina, me han hablado por teléfono... Todo comenzó cuando denuncié un caso de corrupción en el que los proyectos no llegaban a las mujeres indígenas y violaciones de derechos humanos”, explica. Pese a haber crecido en Yoloxóchitl, un poblado sin Internet ubicado a 12 horas de Chilpancingo, la capital estatal, estudió psicología y un posgrado en psicoterapia humanista. Por la falta de seguridad no tiene una única residencia. “Vivo donde me entra la noche y hasta ahora he tenido la suerte de sobrevivir para contarlo”.