(sinembargo.mx) Tras el intento de aprobación de la Ley General de Aguas, promovida en marzo pasado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), grupos políticos opositores señalaron que ésta sólo traería beneficios a grandes corporaciones internacionales que ya cuentan con concesiones para la explotación del líquido.

Sin embargo, la sociedad mexicana desde hace tres décadas quedó expuesta a una estrategia que inició con el reemplazo de las opciones de hidratación que se tenían, para dar paso sólo la alternativa de beber de la botella de Tereftalato de Polietileno (PET), lo que ha generado que las personas paguen a privados por el vital líquido, cuando el acceso a ésta es un derecho constitucional.

De acuerdo con una investigación coordinada por Gian Carlo Delgado Ramos, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las características de los lugares donde se asientan los fabricantes de agua embotellada son comunes: buscan el agua de mejor calidad que por lo regular siempre es subterránea, que el acceso sea constante y que las concesiones sean por largos periodos.

En este sentido, Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poder del Consumidor, planteó en entrevista para SinEmbargo que las compañías embotelladoras han llegado a apropiarse de las mejores aguas y que el costo que pagan por el recurso natural es mínimo.

Además, hay una tendencia de las empresas a declarase socialmente responsables, lo que ha traído consigo que su imagen sea positiva y bien recibida en las comunidades, ya sea por los empleos que generan y sobre todo por los recursos que aportan en forma de donaciones, a funcionarios locales e instituciones públicas.

“El caso del agua embotellada, en tanto su viabilidad socioeconómica es factible cuando la población no tiene o considera no tener acceso a agua potable o a tecnologías para su potabilización y resulta más conveniente el uso del envase potable y se deja de lado la consideración ambiental o social, por ejemplo, en tanto los residuos generados o por asimetrías en la capacidad de compra de fuentes de hidratación segura”, se expone en la investigación antes mencionada.

De acuerdo con datos del Banco Mundial (BM), la industria del agua embotellada, que genera ganancias por 13 mil millones de dólares anuales, pasó de un mercado de mil millones de litros en 1970 a comercializar 84 mil millones de litros en todo el mundo para el 2000. En América Latina, ya en 2010, se llegó a los 37.6 mil millones de litros, cuando en 2005 era de 29.3 mil millones.

La investigación destaca que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en un nuevo nicho de mercado creado para legalizar y avalar las acciones empresariales, a través de proyectos en materia de cuidado de medio ambiente y particularmente en el ámbito de la filantropía. Se trata de grandes inversiones por campañas “ambientales” y las empresas incluso llegan a formar parte de organizaciones no gubernamentales ambientalistas. Sus ventas de agua simple son las que las colocan como empresas verdes.

En el mundo hay mil 400 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales sólo el 2.5 por ciento es agua dulce y no toda es apta para consumo humano; el 68 por ciento está congelada en los glaciares. Entonces sólo 0.8 por ciento es apta para el consumo humano.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cierre de 2008, 780 millones de personas carecían de acceso a fuentes de agua limpia y de entre los 2.5 mil millones que carecen de servicio de saneamiento.

Información contenida en el libro México, el país que más agua embotellada consume en América Latina, la Nación acapara el 46 por ciento de la distribución total en la región, seguido de Brasil con 31 por ciento, Argentina 8 por ciento, Colombia 3 por ciento y Venezuela 1 por ciento.

Otros factores negativos en el país es el índice de desperdicio de agua está en 38 por ciento y la contaminación, “las entidades más afectadas, en términos de presencia de más de un contaminante son Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Los contaminantes presentes incluyen desde arsénico, fluoruros, plaguicidas, hidrocarburos, metales pesados, sólidos disueltos totales, otros químicos y contaminantes emergentes (sobre todo fármacos y antibióticos), y contaminación bacteriológica”, expuso el investigador Delgado Ramos.

El especialista añadió que esta situación es similar en los países latinoamericanos en los que los sistemas de agua son cuestionables y los servicios son deficientes en términos de calidad del agua y por lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estimó que para 2025 se espera un incremento en el consumo de agua de 25 por ciento en los países desarrollados y un 18 por ciento en los países en vía de desarrollo. En estos últimos debe contemplarse también el aumento poblacional y que de acuerdo con investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), son las regiones que sufrirán los mayores impactos derivados del cambio climático.