Columna Geopolítica del 29 de agosto de 2018

Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Algunas propuestas, cuando se inicia un gobierno, parecen buenas y también dan la impresión, cuando han sido planteadas superficialmente, que ayudan a controlar los males y vicios de la administración pública, en este caso de la administración pública federal.

La propuesta a la que me refiero es la que traté la misma semana desde que triunfó la opción de Morena: la de eliminar delegaciones federales y, a través de una persona de confianza, manejar los recursos públicos que se dicen federales en cada una de las entidades.

Hoy ya se ha avanzado en lo fácil, en las designaciones. Se han nombrado provisionalmente -porque no hay ley o reglamento que lo avale todavía y tampoco Obrador ha tomado posesión- a las 32 personas de confianza y al jefe de ellos, que estará en Palacio Nacional.

Pero el problema es uno mayor, que con lo que se ha expresado no se va a resolver. Para simplificar, se puede ver mejor en dos enfoques: uno que resulta en un nuevo diseño institucional integral, que no se tiene, y, otro, que es un problema más complicado todavía, que es darle operatividad legítima a una forma centralizadora para manejar el gasto público. El asunto es tarea de romanos.

Y López Obrador dice que no quiere perder el tiempo y busca apoyarse en esta etapa de trasmisión para preparar lo necesario para “que no se pierda el impulso”, en otras palabras si no se muestran resultados tangibles de lo que manejó como promesas durante la campaña, la magia se pierde.

Pero en el caso que nos ocupa, los que aconsejaron esa novedad para controlar electoralmente y con un criterio político el dinero que se destina de manera directa a las entidades, hicieron omisiones de fondo que son el contexto cualitativo, que hacen más complejo lo que se ofertó como una panacea a la mano.

Porque nadie se percató de que la doctrina sobre la cual descansa el andamiaje jurídico en México es el derecho positivo, y para tal efecto los cambios son impresionantemente exhaustivos, porque todo está plasmado incluso en la Constitución del país.

Hacer los cambios legales al vapor es un decir, porque no se puede rápido, ni hay atajos. Incluso en el supuesto de que se lograra un mecanismo inexistente, los errores van a multiplicarse, complicando las cosas más sencillas; no digamos las de suyo complicadas, que son muchas y que darían lugar a la ilegalidad y que los afectados buscaran el mecanismo de ampararse para no acatar a la autoridad. Con todo y la “democracia participativa” que pesa como amenaza a la democracia representativa.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las diversas leyes y reglamentos quedarían fuera de la legalidad y habría que sustituirlos.

Para lo cual hay dos caminos, por la vía de las presiones y las urgencias de apoyadores y votantes, así como de los liderazgos ayunos de conocimientos técnicos; y la opción correcta, y menos riesgosa, la de lograr una bien conceptualizada idea central de diseño institucional; que no se ve de manera superficial, la tengan personas de esa filiación política para que puedan realizarla, y porque los despachos externos nacionales y extranjeros sencillamente no saben la práctica real de las operaciones desconcentradas y descentralizadas de la administración federal y sus consecuencias.

Es un asunto de una robusta teoría de los sistemas aplicados a la administración pública y a los objetivos de las estrategias del sistema político. El único teórico de la primera disciplina, la de los sistemas aplicada a la política, fue Lian Karp Sordia, ya fallecido hace décadas.

Pero habría que hacer, en la rama de los programas, lo que hizo Carlos Salinas como jefe de programación y presupuesto. El síndrome de Estocolmo en vivo. Cambiar las cláusulas de cada programa para modificarlo al espectro mayor de control y eso, eso, está en chino dicen; aparte de que es mucho trabajo no hay gente que le entienda, a menos que se quieran crear adefesios administrativos que van a encarecer hasta las nubes el servicio público, sin lograr los objetivos de colar los intereses partidistas que es lo que a todas luces se trata.

Ya los gobernadores en la CONAGO se las olieron y van a salir con el colonial precepto “acátese pero no se haga” en lo que a su parte respecta. Alfaro, de Jalisco, señaló que no quiere tratar con intermediarios. Una lucha a fondo se acerca.

Las innovaciones poco pensadas abundan. En el gobierno de Fox se hizo un intento muy menor al concentrador que quiere Obrador en alcances institucionales y jurídicos. Con un solo proyecto global del gobierno, el del servicio civil de carrera, complicaron y duplicaron funciones a la larga, y adicionalmente fue algo que era necesario siempre y cuando hubiera existido previamente una racionalización a fondo, pero como fue apresurado, fue injusto, sin calidad técnica, incompleto y ha resultado ser muy oneroso. Lejos de detener la corrupción la catapultó en los tres sexenios que han sucedido.

Eso fue una muestra de lo que la impericia y la falta de experiencia producen.

Porque se entiende que quieren echar a los delegados porque se piensa, entre otras cosas, que son o se han vuelto en lo político, incondicionales de los gobernadores. Pero el personal de esas estructuras, casi se puede decir que también se conforma con muchos técnicos y, otros, del manto protector de los sindicatos. De los primeros, los que hacen la chamba, no pueden prescindir, porque no está fácil, sin experiencia precisa, realizar las tareas abrumadoras para sacar adelante los programas.

Y, con los sindicatos, o se echa el tiro Obrador o no van hacer caso los cuadros amañados que están cobrando y se niegan a tener un compromiso de trabajo con el gobierno. Esa burocracia es anarquista en la práctica. Ya lo van a ver.

Otra, estructural fiscal. Las aportaciones federales no son fungibles y no se pueden manejar de manera arbitraria y al Coordinador de Desarrollo en cada entidad se le va a hacer bolas la operación; porque no puede sacar dinero a voluntad de los jefes, del jefe, más bien. Cada apoyo tiene reglas y se necesitan proyectos ejecutivos validados que, por lo general, los ejidatarios y la gente que los plantea no los hacen; casi siempre son los gobiernos de los estados los que financian esos proyectos. Y como que, a estas alturas, los gobernadores ninguneados no le van a poner más leña a la fogata que se prepara para quemarlos.