José Antonio Ortega (yoinfluyo.com)
La versión de fuentes situadas y confiables de que la detención de Jesús Reyna fue negociada entre el gobierno federal y el todavía entonces gobernador Fausto Vallejo, se ve cada vez más fortalecida.
Pero el propósito de encarcelar a Reyna no sería ni el hacer justicia ni el limpiar al gobierno de Michoacán de protectores de “Los Templarios”, sino el no tener que encarcelar a Rodrigo Vallejo y su propio padre, el gobernador.
Pero tampoco el móvil último de este encubrimiento sería el cariño a los Vallejo, sino el reducir lo más posible el daño político que todo el drama de Michoacán ha causado al PRI en ese estado.
El encubrimiento caminaba bien, hasta que se filtró el video de la plática entre camaradas, de Rodrigo Vallejo y Servando Gómez “La Tuta” (que el gobierno federal ya conocía). Era inevitable la detención de Rodrigo y su acusación penal.
Pero aun en este caso, los Vallejo siguen siendo favorecidos y su situación dista mucho de la feroz persecución de que ha sido víctima el doctor José Manuel Mireles, cuyo pecado fue rebelarse contra “Los Templarios”, denunciar que los Vallejo los protegían y que a éstos, a su vez, autoridades federales.
A Rodrigo se le acusó de encubrimiento, un delito relativamente menor en consideración de su real relación con “Los Templarios”. Aunque por el momento se le negó la libertad caucional (si hubiera salido de inmediato sería un escándalo), la puerta sigue entreabierta. Y en el peor de los casos, la condena sería mínima, en lugar de la que correspondería si se aplicara la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
Presumiblemente el gobierno federal tendría evidencias de que Rodrigo Vallejo cumplía tareas directivas en la organización criminal de “Los Templarios”, tales como encargarse del cobro de “derecho de piso” a grandes empresarios, señalar objetivos de secuestro y operar la protección a los máximos líderes criminales. Pero no sólo eso: Rodrigo habría actuado con el pleno consentimiento de su padre.
Si al trato dado a los Vallejo se suma la detención y fabricación de delitos a Mireles y la incidencia criminal, la peor jamás vista según cifras oficiales (¡cómo serán las reales!), la evaluación de la intervención del gobierno federal en Michoacán se antoja obvia.
