CULIACÁN.- El Gobierno del estado tiene que rendir cuentas sobre la asignación directa de 22 millones 543 mil 300 pesos del recurso presupuestal de 2011 a la adquisición de patrullas para la policía ministerial, y castigar a los funcionarios responsables, como lo señaló la Auditoría Superior de la Federación, reclamaron representantes del sector empresarial. Mariano Gómez Aguirre, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa destacó la necesidad de identificar a los responsables de cualquier irregularidad en la adquisición de 90 patrullas realizada en diciembre de 2010, durante el cambio de administración estatal. "Aquí se tiene que hacer una investigación más a fondo sobre lo que dice la auditoría y llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias, una investigación que defina que tan responsable es cada parte, porque están involucradas las dos administraciones, se tienen que definir bien quienes son los responsables y actuar conforme a derecho", mencionó. Carlos Vega Pereda, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán, comentó que el Gobierno tiene que garantizar el cumplimiento de las normas internas. "Todos los actores políticos deben cumplir las reglas para poder exigir lo mismo a los ciudadanos, si hay un mecanismo establecido para ejercer tales o cuales recursos, deben apegarse a ellos los funcionarios, y en el momento de que rompan esa reglamentación deben ser sujetos, como cualquier ciudadano, a las sanciones correspondientes, no se debe tener impunidad en eso", dijo.