La Procuraduría General de la República (PGR) decidió eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, una entidad de la sociedad civil que estaba destinada a transparentar la operación de una de las áreas más oscuras de la administración pública.

El Consejo fue justificado para el “uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”.

El Consejo de Participación Ciudadana de la PGR era una herramienta de transparencia. Permitía que distintos sectores de la sociedad pudieran preguntar y obtener respuestas sobre una de las áreas de impartición de justicia tradicionalmente más oscuras. Temas como la corrupción, por ejemplo; o los abusos de poder y las compras gubernamentales podían ser cuestionadas a partir de este organismo, que ahora ha desaparecido.

El último presidente fue el empresario Alejandro Puente Córdoba.