(NOROESTE 19 de febrero de 2017) En medio de la sicosis que ha generado la violencia en Sinaloa, hay un tema que no llama la atención como debiera. No es una nota "sexy" por su nivel técnico y su corte jurídico, pero sobre todo, porque sus implicaciones no son inmediatas, sino de largo plazo.

Hablo del proceso para la designación del primer Fiscal General del Estado. Una figura con nuevas atribuciones que se enmarca en la agenda nacional para dotar de autonomía la procuración de justicia y el combate a la impunidad y la corrupción.

No es un tema menor. Es el tema más importante que se discute en la agenda política de Sinaloa en este momento.

Desde la teoría política, la figura del Fiscal General como una institución autónoma del Poder Ejecutivo es imprescindible en la nueva arquitectura democrática que aspiramos a construir en Sinaloa.

En la práctica, la razón es más sencilla: el Fiscal debe dejar de ser nombrado por el Gobernador y debe estar lo más alejado posible de sus intereses. Mientras quien procure justicia responda a quien ejerce el mayor poder en el estado, será imposible que cambiemos nuestro problema crónico de inseguridad e impunidad.

La Fiscalía fue una de las promesas de campaña más repetidas de Quirino Ordaz. Cumplir su compromiso de permitir que la ciudadanía y el Congreso construyan una Fiscalía autónoma y fuerte es clave para que el Gobernador sostenga su credibilidad en el futuro. Si la Fiscalía nace débil, el Gobernador también se debilita.

La Fiscalía también es importante porque si no contamos con una verdadera institución autónoma, tampoco habrá voluntad real de someter a investigación y proceso a los funcionarios corruptos del malovismo. Uno de los reclamos más sentidos de los sinaloenses que a diario se enteran de algún nuevo desfalco.

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