(REVISTA ESPEJO 12 de marzo de 2017) En un contexto de hartazgo social por la corrupción e inseguridad, el Congreso del Estado avanzó esta semana en los procesos de nombramiento del fiscal general, auditor superior del estado y fiscal anticorrupción, piezas claves para recuperar la confianza de los sinaloenses en las instituciones, políticas de gobierno y servidores públicos.

Conforme sea el desenlace del trabajo legislativo respecto al nombramiento del fiscal general y auditor superior, en la misma medida se reforzará la legitimidad del gobierno que encabeza Quirino Ordaz Coppel, o bien perderá credibilidad la promesa de este, consistente en poner tales decisiones en manos de la sociedad sinaloense.

De hecho, la vigilancia social —sobre todo la de organismos empresariales y ciudadanos— está volcada hacia el quehacer de la 62 Legislatura y es de suponerse que los diputados y diputadas se sienten observados y tomarán decisiones que respondan a las exigencias de sus representados.

La próxima semana se sabrá si están al nivel de las expectativas de Sinaloa. Con tres excelentes opciones para elegir de ellas al primer titular de la Fiscalía General del Estado la decisión deberá apuntar a quien posea experiencia, integridad, voluntad y conocimiento para el ejercicio de este cargo de procuración de justicia.

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