Columna del 31 de agosto del 2020

¿Una Convención Nacional Hacendaria?

Jorge Miguel Ramírez Pérez

Hace dos semanas en la reunión de la CONAGO en San Luis Potosí, no se obtuvo ningún acuerdo que les favoreciera de parte de los altos funcionarios federales. Esperaban un compromiso de abrir las finanzas hacia las entidades, y sencillamente no lo lograron.

Prácticamente fue un puntillazo a la unidad de esa agrupación que nunca tuvo legalidad y que surgió debido a la inoperancia de los senadores en el tema de la figura jurídica de la defensa de los intereses de los estados.

Antes de la reforma que aumentó el número de senadores sin otra razón que repartir escaños, se entendía la doctrina de la representación del Pacto federal en una de las cámaras, la de senadores y se entendía también, con claridad, la diferenciación cameral; y su lógica de ser de "origen", la de diputados y de "revisión" la de senadores, porque precisamente se revisaba que las leyes no afectaran los derechos de los estados.

Pero las presiones para quedar bien con los opositores en su momento, distorsionaron una doctrina política federalista sana formalmente. Los que cambiaron las reglas lo hicieron para cooptar adversarios, despertándoles la codicia de llegar a ser senadores sin triunfos de mayoría, fueron aupados para sacar a fuerza una cámara sin esquema doctrinario, otra de diputados, prácticamente.

En ese vacío surgió la CONAGO.

Pero independientemente de sus alcances en el tiempo, desde el 2003 que empezó la iniciativa de reunir a los mandatarios estatales; como muchas cosas que no dejan de ser ritualistas, sin contenido; pronto la CONAGO no se pudo plantear una agenda realista y se convirtió en un escenario sin fuerza. Lo de San Luis es prueba de ello.

Y empezaron las deserciones y el lógico desmembramiento de algo que llegó a su inoperancia. En principio ha surgido una alianza de gobernadores panistas, a los que se le suman ahora otros, como Nuevo León, Coahuila y Jalisco.

El ofrecimiento de San Luis Potosí, por lo menos fue llegar a celebrar una Convención Nacional Hacendaria, como lo escribí hace dos semanas, donde se discuta el asunto del dinero a repartir de la bolsa participable.

Porque ese es el asunto de fondo, y la pregunta de los poderes sub nacionales es decir, estados y municipios es la misma de siempre: ¿porqué el centro político tiene mas dinero que todos juntos, mucho más?

En el pasado el Centro resolvió después de la Convención Nacional Hacendaria del 2004, ampliando un complicado esquema de gasto federalizado, del que mantuvo el control el gobierno central y que produjo a la par abusos en los estados de los fondos sociales, entre ellos los de educación y salud.

Eso significa que la respuesta no es por ahí, por dos razones: por una parte, se reprodujo mas burocracia, porque surgieron mas reglas; y finalmente la precisión que se exigía para el uso de los recursos, se evadió a través de la simulación, y eso desembocó en una ingeniería perversa para salvar los exagerados controles centrales. En otras palabras, se abrió la puerta para desviar recursos.

La otra razón es que finalmente lo que los gobernadores quieren es dinero que puedan usar dentro de las reglas locales, es decir recursos fungibles, que puedan aplicar de acuerdo con la escala de prioridades que cada gobierno estatal considera y no como el gobierno federal, o central indica.

Eso plantea que en vez de que los recursos provengan de las aportaciones federalizadas, las de los fondos, que por cierto ya están prácticamente en ceros; se reflejen en el rubro de participaciones que se reparte de acuerdo a lo convenido fiscalmente, desde finales del siglo pasado.

Solo que Hacienda, como la voz del gobierno central considera que no puede acordar un nuevo reparto porque sus compromisos con el ejecutivo federal se verían mermados, y porque las deudas cada vez arrancan mas dinero a la bolsa de reparto.

Los argumentos de Hacienda en el fondo son endebles porque dejan mucho margen a las ocurrencias de los gobiernos centrales, parece que hay dinero disponible "para lo que usted guste, déjeme ver", cuando en realidad la estrategia de la administración central debería enfocarse a la racionalización ordenada de sus recursos y por lo mismo, de programas que muchas veces obedecieron a objetivos sexenales políticos y no estructurales como se esperaría.

Esa revisión de recursos ociosos es muy lenta, la hacen todos los gobiernos que llegan, pero se topan con los candados de la legalidad, no puede desaparecer lo innecesario; precisamente porque el congreso en el pasado, avaló las ocurrencias y los planes de negocios a modo, apuntalándolas en la ley. Pero eso, es trabajo del gobierno central.

Finalmente, Hacienda argumenta que el dinero es central, porque los estados no recaudan. Eso cree la mayoría de la población y muchos funcionarios lo argumentan. Eso no es cierto. Los estados cedieron sus facultades recaudatorias principalmente en materia de IVA, y de Impuesto sobre la Renta (ISR) las dos fuentes importantes, para que se erigiera una autoridad central que lo realizara, el actual SAT.

De hecho, aparentemente no hay un esquema justo para repartir mejor el recurso que es de todos, porque me parece que se deben seguir diferentes criterios de los que ahora rigen. No que no se tome en cuenta el tamaño de la población, los índices locales de recaudación, o la marginación, de la que se logra muy poco o nada; sino que una nueva Convención Hacendaria, para obtener resultados, deberá abordar consideraciones cualitativas. En otras palabras: seriamente, reconsiderar la distribución de competencias en los tres órdenes de gobierno, un tema de fondo para resolver la inequidad financiera.