Se desaprueba que se condicione la discusión de reformas como
la energética y la fiscal a que primero se apruebe la políticoelectoral.
Las modificaciones que se proponen a las normas
electorales y a las relativas al sistema político resultan de baja
prioridad para la opinión pública. Se apoyan sobre todo las
propuestas para el control de gastos y financiamiento, pero en
cambio, se sigue rechazando notoriamente la reelección inmediata
de legisladores y alcaldes, según se desprende de la última
encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior. De los proyectos de
reformas que están en discusión o están próximas a ser tratadas
en el Congreso, la reforma político-electoral es la que menos le
interesa a la opinión pública. Sólo 4% la escoge, mientras más de
la mitad se inclina por la de transparencia y anticorrupción (57%).
La fiscal es preferida por 15% y la energética por 10%. Por lo
mismo, ampliamente se rechaza que el PAN y el PRD condicionen
el debate de las reformas fiscal y energética a que primero se
apruebe la reforma electoral —no deben condicionarse, 65%—.
Como materia para el próximo período extraordinario de sesiones
en el Congreso, contrario al deseo de los integrantes del Pacto por
México de sólo discutir una reforma electoral para corregir las
irregularidades e inequidades en las elecciones, la mayoría de la
población (60%) se inclina por que haya una reforma política más
profunda, que toque temas relativos al régimen de gobierno y
rendición de cuentas (reelección legislativa, aprobación de
nombramiento del gabinete presidencial, segunda vuelta, entre
otros). Sólo un tercio prefiere una reforma electoral limitada.