(EXCÉLSIOR)

Organizaciones no gubernamentales plantean que la iniciativa para la Ley General del Servicio Profesional Docente, enviada por el gobierno federal al Congreso, tiene varias deficiencias, pues argumentan que distorsiona la función del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En un documento, sostienen que el proyecto establece 32 sistemas diferenciados de gestión de plazas en el sistema educativo, confunde las herramientas de evaluación con los procesos y medios para la profesionalización de los docentes, y no establece diferencias entre las carreras de los maestros, directores y supervisores.

Asimismo, señalan que el plan considera la profesionalización y mejora como una opción voluntaria, en lugar de impulsarla como el objetivo y eje central del Servicio Profesional.

Agrupadas en 10 por la Educación, organizaciones como Más Ciudadanía, Red Educativa Ciudadana, Suma por la Educación y la Unión Nacional de Padres de Familia consideran que la Ley General del Servicio Profesional Docente no debe “recargar” con atribuciones de gestión o administrativas al INEE, ya que eso puede desvirtuar su función en relación con la evaluación del sistema educativo.

“El artículo 7 de la iniciativa de esa ley debe reformularse. El INEE debe hacerse cargo únicamente de definir los perfiles, criterios y parámetros de las diferentes categorías y niveles del Servicio Profesional Docente y aprobar los criterios, métodos y herramientas de las evaluaciones a los docentes”, demandan.