(NOTICIERO ALTAVOZ) Un malestar común entre los ciudadanos es la presunta ineficacia de las instituciones en los regímenes democráticos, debido al hartazgo difundido en la opinión pública por el ejercicio incorrecto de la política.
Realizar una reflexión y autocrítica por parte de los gobernantes en este escenario, es un deber irrenunciable, particularmente para los representantes emanados del Partido Revolucionario Institucional, partido político forjador de las instituciones del Estado mexicano desde el siglo XX y, al que los mexicanos le brindaron su confianza para recuperar el camino de un México en paz y con desarrollo.
No debe asombrarnos que el apoyo a la democracia en México reporte cifras poco alentadoras, tal como muestra la organización no gubernamental “Latinobarómetro”, que desde 1995 hace un estudio de campo para medir el apoyo a la democracia en las sociedades latinoamericanas, entre ellas, México.
En su versión 2013, evidencia que aun cuando en nuestro país ha existido alternancia en el poder desde el año 2000, el soporte ciudadano a la democracia se encuentra en uno de los niveles más bajos, con sólo un 37%, casi 12 puntos porcentuales menos respecto del promedio 1995-2013 con un 49%.
Como en todo asunto público, el origen de este problema es multifactorial y el propio Latinobarómetro 2013 señala un par de ellos, la violencia y la brecha de desigualdad social; hoy día, atendidos de manera integral por el Gobierno federal, a través de políticas públicas que inciden en los sectores más vulnerables, con el seguro de desempleo, los programas de prevención social de la violencia, la cruzada contra el hambre y, el crecimiento del crédito a las empresas nacionales. Es decir, el Poder Ejecutivo está actuando para transformar las realidades poco esperanzadoras de millones de mexicanos.
Ahora bien, los legisladores también tenemos mucho por aportar al tema. Trabajamos para aprobar las leyes secundarias de las candidaturas ciudadanas; de la iniciativa ciudadana; de la consulta popular, así como de la iniciativa preferente del Ejecutivo.
Analizamos diversas normas de acceso al poder, una de ellas, es la expedición de la Ley General de Partidos Políticos para fortalecer los mecanismos de democracia interna y de transparencia de los institutos políticos.
Las fuerzas políticas representadas en las cámaras del Congreso de la Unión coinciden con la propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal relativa a la iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, para que el 50 por ciento de las candidaturas a las diputaciones y las senadurías sean para mujeres, en ambas partes de la fórmula, propietario y suplente; así como respetar el uno a uno por cada género en los segmentos de las listas de representación proporcional.
Reconozco que no todo es consenso en este debate. Uno de los puntos de inflexión en el análisis de la reforma política electoral, es la modernización del Instituto Federal Electoral para que sea un Instituto Nacional Electoral con mayores atribuciones respecto a la integración de los consejos electorales en las entidades federativas. Algunas posturas pretenden centralizar la organización de las elecciones de todo el país en un solo instituto, mientras otras voces hablan de perfeccionar la operación del órgano garante del voto de los mexicanos y perfeccionar el funcionamiento de los institutos estatales.
Habremos de reflexionar si un cambio radical -en el momento actual de baja confianza ciudadana en la democracia- en el órgano electoral con más de dos décadas de consolidación, redituará en mejorar la calidad de nuestro régimen de gobierno y en la confianza ciudadana hacia sus instituciones o, simplemente atenderá a la demanda de un sector de la clase política, inconforme con los resultados electorales emanados de una mayoría.
Twitter: @AaronIrizar
www.facebook.com/aaron.irizarlopez