CULIACÁN.- Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Coparmex y el PRD pusieron bajo la "lupa" a seis consejeros del Consejo Estatal Electoral, incluido su presidente Jacinto Pérez Gerardo, con excepción de Enrique Ibarra Calderón. En el Juicio de Revisión Constitucional que el pasado 8 de enero a las 13:45 de la tarde presentaron Coparmex y PRD ante el Congreso, se exhibe que seis de los siete consejeros fueron designados obedeciendo a criterios diferentes a los previstos en la Ley Electoral. Para la designación de los consejeros se antepusieron intereses particulares por encima del bien común y de los méritos profesionales y trayectoria personal de quienes, de buena fe, atendieron la convocatoria que se publicó en los medios el miércoles 7 de noviembre. "Es decir, se percibe un sesgo en la elección de los nuevos consejeros acorde a su nuevo presidente, poniendo en duda y en riesgo la independencia, imparcialidad y objetividad de estos nuevos consejeros", se lee en el recurso de impugnación. Se enfatiza que en este nuevo consejo, cinco de los siete consejeros, están trabajando, o han trabajado con Pérez Gerardo, poniéndose como ejemplo a Andrés López Muñoz, quien durante el proceso de designación representó los intereses del CEE en la zona norte. Rigoberto Ocampo Alcántar fue presidente del órgano electoral del 13 de marzo de 2001 a febrero de 2007, y Pérez, fue consejero; mientras que Karla Gabriela Peraza Zazueta, trabaja en el consejo y fue secretaria particular de Ocampo Alcántar cuando fue presidente. Arturo Fajardo Mejía acaba de dejar la secretaría general del consejo, para volverse consejero, y Rodrigo Borbón Contreras fue suboordinado de Pérez Gerardo en el Congreso, donde fungía como Coordinador de Acceso a la Información Pública. Lo antes expuesto, se puntualiza, violenta los principios de independencia y objetividad en sus actuaciones como consejeros, toda vez que se encontrarán siempre bajo el yugo de su patrón, en este caso Pérez, así como con el PRI, partido político con el que se le vincula. Se pide revocar la designación del presidente y seis consejeros, ya que varios de ellos no gozan de buena reputación, uno de los requisitos del artículo 52 de la Ley Electoral de Sinaloa, y en la opinión pública los tienen en un concepto bastante deshonroso, cita el documento.