(NOROESTE/Melissa Sánchez) El proceso apresurado que realizó el Gobierno del Estado en 2013 para la compra de placas con código QR, con el supuesto propósito de frenar el robo de vehículos en la entidad, le valió a la administración el señalamiento público de diversos actores políticos y de la sociedad civil.
En un intento de modernización y adelantándose a un proyecto de norma oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se pediría incluir código QR en las láminas vehiculares y que apenas se encontraba en fase de consulta, el Gobierno estatal adjudicó de manera directa un contrato millonario a Cangnan Riwong Craft Logo Co. Limited, empresa mexicana de manufacturación china.
La adjudicación directa a la empresa china se amparó bajo el Artículo 51 de la Ley de Adquisiones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Muebles, que a la letra dice que no se licitará en caso de que "no existan bienes y servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo exista un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos o por tratarse de obras de arte". Sin embargo, sí existían más opciones.
Tras un año de la firma de contrato entre el Gobierno del Estado y Cangnan Riwong, en enero de 2014 la Auditoría Superior del Estado detectó daño a la hacienda pública por la adjudicación directa para la adquisición de placas y calcomanías vehiculares con código QR.
