Temerosos de perder la existencia, ser privados de su libertad, extorsionados, sus hijas o esposas violadas o bien obligados a “ceder”sus bienes a efecto de no “sufrir algún accidente o contratiempo”, durante los últimos 14 años, sin pretender causar alarma, más de dos millones de ciudadanos han sido desplazados de sus lugares de residencia por la violencia generada por empresas de la delincuencia organizada y ocasional. Algunos se fueron de México y otros se cambiado de domicilio, abandonando no menos de medio millón de propiedades, empresas, comercios y otras negociaciones, todo ello para ponerse a salvo y proteger a sus familias.

Los estados de Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, Durango, Chihuahua y México ocupan los primeros lugares respecto de las personas que víctimas de la violencia, en la mayoría de los casos desmedida, han optado por abandonar sus lugares de origen, ante el desmedido embate de la delincuencia organizada, que si bien es cierto ha disminuido en los últimos dos años, no deja de ser preocupante y en casos aterradora, como lo acredita la ejecución de por lo menos 70 mil personas durante la administración del ex presidente Felipe Calderón.