(PROCESO) En la apoteosis por encarar a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y concederles todo –“la neta, como ustedes digan”–, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, sólo tuvo desdén para la tragedia en Guerrero: No era competencia federal.
–¿Por qué la PGR no ha atraído lo de Ayotzinapa?
–Porque tiene que ver con el ámbito local –respondió tras bajar del templete que mandó instalar junto a la Secretaría de Gobernación para anunciar, entre aplausos y vítores, que la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, había sido despedida.
Era el viernes 3 de octubre, un día después del 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Se cumplía una semana del asesinato de seis jóvenes y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, cerca de la 27 Zona Militar, presuntamente a manos de policías municipales y del grupo criminal Guerreros Unidos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto –insistió Osorio– sólo apoyaría en la búsqueda y lo demás era asunto local: “En lo que estamos ayudando es en la coadyuvancia (sic) para encontrar a los chavos. Hay averiguaciones contra presuntos responsables (en Guerrero), hay que esperar entonces”.
La estrategia del gobierno de Peña Nieto de encapsular la tragedia en sólo Guerrero e Iguala se ha mantenido desde entonces. Y aunque la presión mundial forzó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), ésta identifica sólo como responsables a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.
Sin embargo, pese a esta estrategia, no hay modo de que Peña Nieto evada su responsabilidad en los hechos ni el secretario de Gobernación, quien tras plantarse ante los politécnicos, y que le valió críticas palaciegas, prácticamente suspendió sus apariciones públicas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1982, ya en circulación)