(NOROESTE/Gabriela Soto) Como si se tratara de la herencia que deja un padre a su hijo, el Gobierno de Mario López Valdez pretende proteger el futuro de los empresarios salinistas Olegario Vázquez Raña e Hipólito Gerard Rivero.
Con la modificación de los decretos 976 y 977, gestiona en el Congreso del Estado la concesión de un “seguro” que no se oferta en el mercado: habilitar una partida millonaria más del Erario, a favor de Prodemex y GIA, las empresas que desarrollarán los proyectos de sustitución de los hospitales generales en Culiacán y Mazatlán, los primeros bajo el esquema de colaboración público privado en la entidad. Con lo que el Gobierno de Sinaloa hipotecaría los recursos que actualmente inyecta a los programas sociales, incluyendo los pagos de los trabajadores jubilados y pensionados que prestaron sus servicios a los sinaloenses.
Desde la concepción de los nuevos hospitales en 2013, el Estado abrió, sin límite ni restricción, el presupuesto que maneja el sistema de salud y lo puso a disposición del sector privado. Aparte del pago anual de 586 millones de pesos, con estos decretos que dan origen a los proyectos, las constructoras obtienen la facultad para reclamar y usar todos ingresos que perciba el organismo Servicios de Salud, así como aquellos que obtengan los hospitales, durante la vigencia de los contratos a lo largo de 25 años.
