El constitucional rechaza que los sin papeles se queden sin sanidad.
El tribunal quita la razón al gobierno central y argumenta que la protección de la salud pública prima sobre el ahorro económico.
El constitucional rechaza que los sin papeles se queden sin sanidad.
El tribunal quita la razón al gobierno central y argumenta que la protección de la salud pública prima sobre el ahorro económico.