José Antonio Ortega

El 25 de enero de 2016 dimos a conocer los resultados del estudio periódico "Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo", en esta oportunidad respecto a 2015, y que considera las tasas de homicidio doloso en las urbes del mundo que tienen 300 mil o más habitantes.

Respecto a México, los dos hechos más destacados son: primero, que hayan salido de esta lista 5 ciudades, cuando que 2014 fueron 10 y en 2011 se llegó hasta la cifra de 12; segundo, que entre las urbes mexicanas que salieron del ranking figure Juárez, que entre 2008 y 2010 ocupó consecutivamente el primer lugar mundial. Además, sólo Acapulco figura entre las 10 ciudades más violentas del mundo (en cuarto lugar).

Éstos son logros innegables y hay que reconocerlos y festejarlos, pero de la mejor manera: con la atención y el esfuerzo puestos en los muchos pendientes en materia de reducción de la violencia y el delito en general. Para empezar, debe ser propósito primordial que ninguna ciudad de las que salieron regrese al ranking, lo contrario a lo que ocurrió en el caso de Tijuana, que salió en 2012 para regresar al siguiente año.

En segundo término, hay que lograr que ninguna ciudad mexicana figure en este ranking e, igualmente, que nunca retornen al mismo.

Además, hay una serie de focos rojos sin visos de mejora. Por lo que hace a ciudades, destaca Acapulco y, respecto a estados, Guerrero. Pero los niveles de violencia y delincuencia son sumamente altos también en Tamaulipas (sobre todo en materia de secuestros y extorsión). El problema no está resuelto en Michoacán. En el Estado de México hay un crecimiento desbocado de la delincuencia y la impunidad. En Quinta Roo es generalizado el cobro de "derecho de piso".

Respecto a secuestro, las cifras oficiales indican una disminución del 24% el año pasado, pero debe considerarse que las operaciones de rescate de secuestrados por parte de las Fuerzas Armadas se han desplomado como consecuencia del caso Tlatlaya y, por ende, hay sub-registro de plagios.

Para lograr un avance sustancial en la seguridad pública es vital y urgente la completa desarticulación de las milicias privadas de los grupos criminales y abatir las tasas de impunidad de los delitos (y violaciones a derechos humanos).