Bernardo Ardavín Migoni

Aun cuando ya no tenemos una economía dependiente del petróleo --porque en nuestras exportaciones actuales significa únicamente el 10% de ellas y los hidrocarburos han sido sustituidos por importantes exportaciones no petroleras, las más notables, quizás, de la industria automotriz, autos y partes--, para el gasto público todavía los ingresos petroleros responden por un 25% del presupuesto.

En 2008, el barril del petróleo estaba a 20 dólares, y en 2015, después de haber subido hasta 120 dólares, ha vuelto a bajar, hasta los mismos 20 dólares.

Como siempre, el gobierno hace declaraciones poco claras y se disculpa del incremento de su deuda aduciendo razones que, sin llegar a ser falsas, reflejan situaciones insostenibles en el mediano plazo. Por ejemplo, aun cuando el déficit público ha sido de 3.5% del PIB durante lo que va del sexenio --el nivel más alto en casi tres décadas--, la Secretaría de Hacienda, a través de Luis Madrazo, de la Unidad de Planeación Económica, dice que si no se consideraran las inversiones de alto impacto, el déficit sería de tan solo 1% del PIB, ¡con lo cual se estarían cumpliendo las metas aprobadas por el Congreso!...
Para el 2016 se espera un nivel de deuda de 47.8% del PIB. Y, como siempre, van pateando hacia adelante los compromisos, de tal manera que ahora dicen que en 2018 se estabilizará la deuda.

Las necesidades de la nueva economía obligan a los políticos a revisar sus bases a fondo. Los esquemas liberales ortodoxos defendidos como dogmas, a capa y espada, que han beneficiado, sin duda alguna, a pocos, han mantenido más o menos estables a muchos y han hundido en la pobreza a enormes poblaciones --porque en sus afanes individualistas, ayunos de solidaridad, han promovido las concentraciones y los oligopolios, haciendo pedazos una competencia equitativa y real--, están siendo golpeadas de manera inclemente por la realidad, haciendo pedazos las teorías del mercado libre que se regula a sí mismo.

El bien común, el bien general de los pueblos exige, desde luego, que los gobiernos respeten las leyes de la economía evitando la demagogia, pero también les obliga a corregir el rumbo eludiendo, con eficacia, las tremendas concentraciones en las finanzas, en las comunicaciones, en la producción y comercialización de productos y servicios.

Muy a pesar de los dogmas económicos, se tiene que volver a la consideración de la primacía de las personas, las familias y las empresas, por encima de los monopolios, y de las entidades financieras. Y también de los gobiernos que debieran bajar drásticamente sus gastos, disminuir sus déficits hasta prácticamente anularlos y limitarse a gastar lo necesario para gobernar bien, dejando suficiente margen de libertad para que la iniciativa de millones de empresas de todos los tamaños, especialmente las pequeñas, cumplan con su cometido de generar trabajo y riqueza, fortaleciendo la economía real con los bienes y servicios derivados de su actividad.

¿Qué debemos hacer?

Lugar aparte merecen algunos problemas en México como el azote de la corrupción impune, las fallas graves en la procuración y administración de la justicia, y la profusión de localidades sin gobernabilidad como consecuencia de la violencia generada por la delincuencia organizada que impone su ley de extorsiones, secuestros, robos y asesinatos sin que se vislumbre un cambio suficientemente eficaz para corregir estas calamidades.

Hoy, la sociedad está mejor enterada, parece cobrar mayor conciencia de las causas de este enorme desorden que no se atiende y está más activa en el cuestionamiento al sistema político imperante, con apariencia de democracia, que evidentemente no funciona y cuyos daños en el ámbito económico --favoreciendo a las mafias y los arreglos entre los grandes intereses económicos y los políticos--, están arruinando al país.

Necesitamos exigir al gobierno que corrija el rumbo.