Columna del 9 de octubre de 2019

LAS NUEVAS INQUISIDORAS

Por Pedro de Legarreta

A contrapelo de lo asegurado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sostenido que no se reprimirá a la sociedad, el pasado domingo 6 de octubre fueron detenidos cuatro activistas en la ciudad de Los Mochis por pintar de blanco un paso de cebra (cruce peatonal), se debe señalar que uno de los detenidos era mayor de 60 años, y el propio Bando de Policía y Buen Gobierno de Ahome señala que “Si el presunto infractor es una persona mayor de 60 años tampoco procederá el arresto” (Artículo 55).

Independientemente de esto, que fue un acto de protesta civil, realizada por ciudadanos de acuerdo a sus convicciones políticas, llama la atención que tres diputadas, utilizando su investidura (por lo que son representantes de todos los sinaloenses), señalen de promotores de la violencia a estas personas. Las diputadas en cuestión son: Francisca Abelló Jordá (morena), presidenta de la Comisión de Equidad Género y Familia del Congreso, Yeraldine Bonilla (morena) y Cecilia Covarrubias (Partido Encuentro Social).

Éstas diputadas, se consideran con el derecho de calificar que posturas políticas son aceptables y cuáles no, erigiéndose así en inquisidoras de la corrección política y de lo que los ciudadanos pueden o no opinar en ésta materia.

Cabe recordarles a las diputadas que el artículo 6° de la Constitución federal señala que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa“, y el artículo 7° dice “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos… Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión”, finalmente el artículo 9° “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”

Por lo tanto bien harían las diputadas en dejar de favorecer solo una postura política, ya que al ser elegidas dejaron de ser ciudadanos particulares para convertirse en representantes populares de TODOS los ciudadanos del Estado y como lo señala el artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso “Los Diputados, durante sus intervenciones en la tribuna o en cualquier acto oficial, se abstendrán de afectar o lesionar la dignidad de cualquier compañero, funcionario o ciudadano.” Lo que incluye a los que piensan distinto a ellos.