La nueva Ley Federal del Trabajo impone a todos los sindicatos de país la obligación de rendir cuentas a sus agremiados, ser transparentes en el manejo de los recursos de los trabajadores, así como ser más democráticos en su actuación.

Otorga a los trabajadores el derecho de pedir, en todo momento, información sobre la administración del patrimonio de su sindicato, así como de acudir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuando las directivas de los sindicatos les nieguen dicha información. El ejercer esta acción, “por ningún motivo implicará la pérdida de derechos sindicales, ni será causa para la expulsión o separación del trabajador inconforme”, señala.   Por otro lado, obliga a todas las organizaciones sindicales a que en sus estatutos se establezca el “procedimiento para la elección de su directiva y número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la asamblea general: de votación indirecta y secreta o votación directa y secreta”.

Sin embargo, aunque es un avance, el legislador se quedó corto en el aspecto de democracia sindical, dizque para no vulnerar el principio de autonomía que se apunta tanto en la ley citada como en los Tratados Internacionales, específicamente el artículo tercero del Convenio 87 de la Organización del Trabajo -OIT-. Hilario Gastélum, Culiacán