Como lo hemos comentado, nuestra ingobernabilidad se complica porque se está generando una grave confusión al mezclar los reclamos y reivindicaciones de algunas porciones de la población civil -que efectivamente han padecido la corrupción, ineficiencia e incompetencia de algunas autoridades-, con la acción criminal de las bandas de delincuentes que promueven la desaparición de los límites de la frontera entre la protesta social y la de grupos anarquistas o subversivos que tienen objetivos ideológicos y político-partidistas. En Oaxaca ha surgido un nuevo movimiento que pretende esconder, tras bambalinas, a los protagonistas de antaño como los maestros de la sección 22 del SNTE, la APPO y también a grupos subversivos como el EPR. Estos están siendo sustituidos por el Frente Único de Lucha (FUL) que, de acuerdo con sus consignas, está reuniendo a cientos de organizaciones sociales para oponerse, de manera específica, a todas las reformas propuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. No sólo tenemos problemas de desorden social en algunos estados de la república sino también en la ciudad capital donde, por ejemplo, un grupúsculo de sedicentes alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), perteneciente a la UNAM, encapuchados y armados de palos y bombas molotov, invadieron las instalaciones de la rectoría de la máxima casa de estudios rompiendo puertas y vidrieras. Y se atrincheraron doce largos días en esas oficinas durante los cuales estorbaron el cumplimiento de algunas operaciones ordinarias de la universidad. Estudiantes normalistas de Michoacán retuvieron durante casi una semana a un grupo de siete agentes ministeriales del Estado que, de acuerdo con la denuncia de los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dormían en el suelo de un inmueble que todavía estaba en obra negra, sin servicios sanitarios que funcionaran. Los maestros en ciernes acompañaron sus hazañas y arbitrariedades con el secuestro de 42 camiones de pasajeros y de carga, con el objetivo -desde luego, según ellos, plausible en alto grado- de que las autoridades estatales les entreguen 1,200 plazas de maestros sin que tengan que acreditar calificación previa alguna. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, señaló con todas sus letras que los vándalos que asaltaron la UNAM tienen relación con la guerrilla, con las policías comunitarias y con grupos de vandalismo político. Son verdaderos delincuentes, dijo, con los que no puede haber ningún diálogo. No deja de ser significativo que la primera acción de gran envergadura del gobierno de Enrique Peña Nieto para recuperar parte de la gobernabilidad perdida, sea precisamente en la misma entidad donde comenzó la batalla contra las drogas el régimen anterior, de Felipe Calderón, Michoacán, entonces en manos del PRD, con Lázaro Cárdenas Batel, y ahora del PRI, con Fausto Vallejo quien, por cierto, goza de una larga licencia por razones de salud. En Chilpancingo, Guerrero, los desórdenes constituyeron una inadmisible afrenta para las autoridades y para toda la población local, por las torpezas que los dizque maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) cometieron, allanando, destrozando, saqueando y prendiendo fuego a las instalaciones de los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como a algunos edificios públicos. Pero no debemos preocuparnos, todo fue un escarmiento explicó y justificó el líder Minervino Morán porque los diputados locales, a juicio de los vándalos, se burlaron de los maestros al no convertir en leyes sus caprichosas demandas. Podemos dormir tranquilos porque el mismo maestro aclaró que no desean desestabilizar al Estado, ni mucho menos “derrocar al gobernador”… Menos mal, ¡Qué alivio¡