"Promoviendo la Participación Ciudadana"

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Plan de austeridad.

En estricto sentido, deben ser mucho más, y permanentes, los esfuerzos de todos los gobiernos para reducir el gasto operativo, los salarios excesivos y el dispendio que tienen algunos funcionarios públicos. Aún con planes de austeridad, tanto en el gobierno federal, como en algunos estatales y municipales, contrastan los raquíticos ingresos que obtiene la mayoría de la población y sus graves carencias, con los mega salarios, las comisiones, gastos de representación y prestaciones de algunos encumbrados servidores públicos. La descripción de ser un pueblo pobre con gobierno rico siempre le ha quedado muy bien a México, porque increíblemente, sus ministros, magistrados, senadores, diputados, gobernadores, secretarios de despacho, delegados, tienen salarios más altos que en varios países europeos, que en Estados Unidos y en Latinoamérica, mientras el común de los mexicanos, tienen los salarios más bajos del mundo. ¡Que contraste!, los funcionarios ganan muy bien, y los gobernados muy mal, por eso no progresamos.
Recuperar dignidad y prestigio, reto…
Enrique Aranda (Excélsior)
Al margen de la oficial apertura de un periodo para revisar a fondo, y seguramente corregir, el indefendible dictamen de su Unidad de Fiscalización que sugiere multar a los partidos del Movimiento Progresista que postuló a Andrés Manuel López Obrador, por el supuesto rebase de gastos en la pasada campaña, el Instituto Federal Electoral (IFE) abrió, en la última sesión de su Consejo General, un espacio para tratar de no perder en definitiva, o de recuperar al menos, su hoy diezmada dignidad y abollado prestigio.
Entre el pasado miércoles, efectivamente, y julio próximo, en que retomará el debate del gasto realizado por los distintos partidos durante la elección presidencial de 2012, y las concurrentes de diputados y senadores, el IFE de Leonardo Valdés Zurita tendrá que reconstruir la imagen de entidad autónoma, independiente y digna de credibilidad… sin la cual su permanencia como árbitro incuestionable de la democracia mexicana se antoja simple y sencillamente inviable.
Para recuperar el reconocimiento perdido, entonces, el Instituto deberá aprovechar el individual y coordinado esfuerzo de todos y cada uno de sus ocho consejeros, más el de quien se designe para sustituir al dimitente priista Sergio García Ramírez, y el de los representantes de los partidos, para concluir, primero, la revisión del polémico dictamen que de una u otra manera se verá complementado con las decisiones sobre el controvertido caso Monex tome, en su momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y luego avanzar una revisión a fondo de las políticas aplicables en la siempre delicada revisión de gastos de campaña.
No hacerlo así, huelga decir, le llevaría a tropezarse (otra vez) con la misma piedra…, lo que daría paso a cuestionamientos y enfrentamientos tales entre las diferentes fuerzas políticas y a un descrédito del Instituto de tal magnitud, que devolverían al sistema electoral mexicano a etapas que nadie hoy, debemos creer, desea.
Y esto, huelga decir, sin dejar de insistir en que si tras una justa y equilibrada revisión y corrección del dictamen citado, o de otras cuentas de la pasada campaña, la decisión de los consejeros no es otra que aplicar multas a uno u otro de los diferentes partidos, la misma deberá ser no sólo acatada por los afectados sino, incluso, aplaudida por la ciudadanía.
Asteriscos
* Nunca más oportuna la preocupante estadística del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de José Antonio Ortega Sánchez que, con 142.88 homicidios por cada cien mil habitantes, ubica al otrora paradisiaco Acapulco como segunda entre las 50 ciudades más violentas del mundo, apenas detrás de San Pedro Sula, Honduras. Otras ocho localidades mexicanas debieron ser incluidas en la lista negra: Torreón, Nuevo Laredo, Culiacán, Cuernavaca, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad Victoria y Monterrey…
8 de Febrero de 2013
Según los tabuladores que el Gobierno del Estado exhibe en sus páginas, Sinaloa no es de las entidades con los más altos salarios de sus servidores públicos, bueno, según lo que declaran y publican, y comparados con los excesivos sueldos del Estado de México, del Gobierno Federal, de Jalisco, Nuevo León, entre otras entidades. Aún así, hay empleados privilegiados en el sector público, como son los de algunos organismos descentralizados y autónomos, los legisladores, magistrados y ciertos funcionarios del gobierno, sobre todo, en comparación al escaso ingreso que obtiene la mayoría de los sinaloenses. Aquí, profesionistas, jóvenes emprendedores, mujeres y en general el trabajador, es muy castigado por los raquíticos sueldos que se pagan en la mayoría de los empleos. Así que compartir la austeridad, que por obligación y no por gusto, tiene la mayoría, no le vendrá mal a los funcionarios de Sinaloa. El gran problema es que poca gente cree en esos decretos de austeridad, como el que acaba de emitir el gobierno. Porque muchas veces se publican y gran parte de las veces no se aplican, ya que en el país hay una tradición de aprobar normas e ignorarlas. Y hasta hoy, pese a lo reiterado de que no hay dinero, a varios se les ve con vehículos y gasto operativo excesivo.
Cierto, tienen que andar en buenos carros, pero ¿todos? secretarios, subsecretarios, algunos directores y coordinadores, se observan con gasto dispendioso para los ingresos que obtienen, algunos dicen tener otros ingresos, a lo mejor es verdad, pero en México, en el quehacer público, la gente tiene una máxima: "piensa mal y acertarás". Seguramente hay funcionarios honestos y modestos, desafortunadamente son los menos. Lamentablemente, varios, aún en este gobierno que prometió el cambio, usan los cargos para su provecho, y están actuando como si fuese su momento y oportunidad para acumular bienes. Bienvenida la austeridad, ojalá se concrete, y sobre todo, que junto a ella se controle a los que hacen negocios al amparo del poder, porque a veces, daña más la corrupción que los altos salarios, y combatir ese flagelo, así como frenar la rapiña, también fue promesa del gobernador, que seguimos esperando cumpla.