 |
 |
| "Promoviendo la Participación Ciudadana" |
Construyamos un México de paz y legalidad
Por Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente Nacional de Coparmex
A los mexicanos nos indigna la violencia, la corrupción que ha carcomido los cimientos de nuestras instituciones y la impunidad.
Nos indignan los cacicazgos, los privilegios para unos pocos, la injusticia social, los más de 12 millones de ciudadanos que viven en pobreza extrema.
Eso es lo que nos indigna.
Para combatir todos esos problemas, debemos avanzar en generar oportunidades de empleo y educación, de desarrollo y equidad, y una renovación profunda de nuestras instituciones, para que prevalezca la justicia, la transparencia, y se ponga fin a la impunidad, trabajando en conjunto sociedad y gobierno.
Pero nunca podremos construir a través de la destrucción y la violencia. Es inaceptable que las demandas de justicia terminen en nuevos hechos de violencia. No se puede exigir que prevalezca el Estado de Derecho violando la ley y minando las instituciones.
Es un crimen utilizar el dolor de quienes piden justicia, para bloquear carreteras, destruir unidades de transporte público, incendiar sedes de instituciones, secuestrar trabajadores o cometer actos de rapiña.
La sociedad exige que las autoridades responsables no sean omisas de sus obligaciones, que no se mantengan pasivas ante los delitos que se cometen ni ante amenazas de que se va a bloquear el acceso a algunos aeropuertos y el libre tránsito en las carreteras, en las calles y en las plazas. Porque las carreteras, las calles y las plazas, son nuestras. De todos los mexicanos, no sólo de unos cuantos.
Rechazamos la confrontación y la violencia, porque dañan a la sociedad y a las personas que cada día se levantan para ir a trabajar, a estudiar, a aportar su compromiso para construir un México más justo.
En este día, los representantes de los 65 Centros Empresariales y Patronales Coparmex estamos haciendo una convocatoria a la sociedad para participar en forma pacífica en la reconstrucción de la confianza en México, en la exigencia de justicia, pero también en el respeto a nuestro Estado de Derecho y nuestras instituciones.
En todos los estados de la República, las empresarias y empresarios de Coparmex emprenderemos una jornada ciudadana de valores y ética, para construir juntos el México que queremos. Vamos a unir esfuerzos con otras organizaciones de la sociedad civil para combatir la ilegalidad, el crimen, la corrupción y la impunidad.
Desde nuestras familias, desde nuestras empresas, haciendo bien las cosas. Dando ejemplo del México que queremos, de ese México de la legalidad, de la honestidad, de la verdad, porque queremos un México de la igualdad, tenemos que poner todos de nuestra parte.
Desde la sociedad, demandamos también que los políticos, los legisladores y las autoridades de todos los órdenes de gobierno, ejecuten acciones inmediatas para avanzar en la construcción de un México de justicia y legalidad, en conjunto con la sociedad.
De los gobiernos estatales esperamos su compromiso con objetivos claros de disminución del delito: enfrentar eficazmente los delitos del fuero común, avanzar en la integración de policías únicas estatales para coordinarse fácilmente con la federación; poner en marcha los programas de profesionalización y controles de confianza para los elementos de seguridad pública. Que haya compromisos para impulsar el desarrollo económico y el empleo y para implementar la reforma educativa, privilegiando la calidad de la enseñanza.
A los Congresos estatales les corresponde legislar las iniciativas que permitan que nuestro sistema de procuración y administración de justicia funcione de manera eficaz y expedita, así como crear mecanismos de readaptación social que cumplan con los objetivos de convivencia pacífica entre todos los mexicanos.
A los presidentes municipales les pedimos voluntad política para construir las Policías Únicas, para privilegiar la seguridad de las personas, y que sean efectivos en su responsabilidad de dar seguimiento de los resultados de su gestión.
El municipio es el contacto más cercano a la ciudadanía, por lo que deben permanecer cercanos a sus gobernados, transparentar sus gobiernos y hacerlos abiertos. Implementar una agenda digital que facilite la fiscalización y rendición de cuentas. La transparencia con sus gobernados; buscar mecanismos de cercanía y de promoción social para las personas, sobre todo para las más necesitadas, municipio por municipio.
Al Gobierno Federal le pedimos acciones concretas para la modernización, transparencia y eficacia del gasto público, de manera que los impuestos se apliquen para disminuir efectivamente la desigualdad y la pobreza extrema. Que diseñen políticas públicas que fomenten el desarrollo a través de la generación de valor.
Es prioritario modernizar el sistema de impartición de justicia federal y conformar un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que combata frontalmente y evite la impunidad en todos los casos.
Al Congreso le corresponde legislar antes de diciembre, y aprobar la iniciativa de ley para crear el órgano anticorrupción, donde la sociedad esté incluida, para darle seguimiento a los objetivos que se vayan alcanzando.
A los partidos políticos, la exigencia ciudadana es que se aseguren de que sus candidatos y dirigentes sean honestos e intachables, y que haya mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar la corrupción en todos los niveles.
Debemos de aprender de nuestra realidad que hemos observado, de nuestra historia, y comprometernos con nuestro futuro.
Los empresarios estamos comprometidos a poner de nuestra parte, a participar, aportar y construir valor, para disminuir las desigualdades que tenemos en México. Los llamamos a todos a trabajar unidos para recuperar el México de paz y de legalidad que todos queremos.
Todos, las organizaciones de la sociedad, los empresarios, en cada comunidad debemos poner de nuestra parte nuestro máximo esfuerzo en el llamado de la patria para conservar las instituciones y fortalecerlas, pero sobre todo, vivir en la democracia la libertad y la responsabilidad que todos aspiramos.
Futuro de México depende de ciudadanos, no de la élite gobernante
Por Raúl Salazar Navarro (yoinfluyo.com)
Orgullosos y convencidos de haber salvado al país de las múltiples amenazas que lo acechaban: el comunismo, con Gustavo Díaz Ordaz, la apertura democrática con Carlos Salinas de Gortari, y de las ataduras históricas que no permitían el desarrollo económico, con Enrique Peña Nieto, lo cierto es que detrás de estos personajes hay un gen demencial, autoritario y corrupto, heredado por el sistema político mexicano, que es su progenitor.
Ya es motivo de su elección, en plena libertad, como diría don Daniel Cosío Villegas, su estilo personal de gobernar.
Cabe aclarar que la aseveración anterior, vale también para los ex presidentes de la República del PAN, de quienes en esta ocasión no me voy a ocupar, pues fueron una concesión negociada en los más obscuros laberintos de la realpolitik de la geografía del poder mundial, y, también, desde luego, aplica para los demás gobiernos de los tres niveles y de cada uno de los partidos políticos que existen en el espectro nacional. Son hijos del mismo padre, pues madre no creo que tengan.
En las sucesivas alternancias en el poder, los gobiernos en turno, sin que les importe el incumplimiento de sus promesas de campaña y de sus bases doctrinarias, procuran imponernos sus propias ideologías, a costa de lo que sea, y tristemente dejar, si es necesario, su huella de sangre en el camino.
Luego de la ejecución de sus actos de gobierno (de barbarie), legaloidemente obtenido en las urnas, para mantener el orden, aplicar la ley, consolidar las instituciones y preservar la paz pública, asumen tardíamente la responsabilidad de los acontecimientos.
Con una verborrea amplificada por los medios de comunicación -en su mayoría maiceados por el gobierno- pretenden legitimar sus decisiones, a todas luces contrarias a los derechos humanos que tanto presumen de respetar. No alcanzaríamos en este espacio a enumerar los casos de magnicidios, represiones brutales, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos a mansalva y encarcelamientos por motivos políticos, que se han dado en nuestro suelo patrio.
Me pregunto: ¿qué hubiera pasado si en lugar de reprimir y asesinar a esos mexicanos, hermanos nuestros, llenos de ilusiones, con una manera distinta de pensar, los gobiernos de los municipios, de los estados y de la República, hubieran tenido gestos de acercamiento, de escucha y de sincera interlocución, con los otros?
Pienso que hubieran llegado a acuerdos que habrían abonado al Bien común. Y cuando se actúa así desde el vértice del poder, se transparentan las relaciones en todos los estratos de la sociedad. Se legitima el quehacer gubernamental. Se crea ciudadanía, pues sin lugar a dudas se brindan incentivos para que luchemos diariamente por ser auténticos, justos, libres en espíritu, mejores personas, trabajadores, solidarios, piadosos, almas grandes, productivos, plenos, alegres, felices.
¿Qué tenemos hoy? Todo a medias. Derechos humanos todavía pisoteados, un sistema político con grandes fallas, una economía que no crece, un narco-Estado cuyas correas comienzan a reblandecer todo el edificio.
Conclusión:
Que la crisis actual sea el momento para iniciar un camino hacia la madurez institucional y ciudadana. Todas las instancias y las personas que podamos, eduquemos en valores a las nuevas generaciones. Reafirmemos nuestro comportamiento como seres humanos únicos e irrepetibles. Libérese cada quien de los moldes culturales nocivos que se nos han querido implantar desde los poderes entreguistas.
México será un país de primer mundo cuando se incluya a todos sus habitantes en un inédito y moderno esquema de desarrollo nacional.
En lugar de una fosa común, seremos la nueva potencia mundial. La permanente depresión social que nos embarga, por tanta sangre en nuestro suelo, será desterrada cuando los ciudadanos -sin que importe su condición social, raza o religión-, políticos, empresarios, iglesias, sindicatos, industriales, banqueros, instituciones de gobierno, organizaciones sociales y amigos del exterior, hagamos una apuesta común: la mexicanidad universal.
Hartazgo en púrpura…
Enrique Aranda (Excélsior)
Más allá de la explícita intención de la jerarquía católica de llamar la atención sobre la gravedad de la crisis generada tras los lamentables acontecimientos de septiembre en Iguala que, amén la muerte de seis jóvenes, derivó en la desaparición y (eventual) asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa, y de forzar a la autoridad a asumir acciones más contundentes para tratar de superar la misma, es por demás claro que la proclama signada por cardenales, arzobispos y obispos encabezados por Francisco Robles Ortega, en su pasada plenaria, constituye una severa llamada de atención al gobierno y una muestra fehaciente del hartazgo de muchos por la compleja situación que enfrentan en sus respectivas diócesis.
Y esto, no sólo porque como pastores que son deban tomar conocimiento e intervenir, no con escasa frecuencia, en la solución de problemas de su feligresía sino, esencialmente, por el paulatino agravamiento de las condiciones en que, se sabe, sacerdotes, diáconos y miembros de las diversas comunidades, deben cumplir sus habituales tareas porque si bien poco se habla de ello, no es menor el número de religiosos que, en los últimos 12 o 24 meses, han perdido la vida a manos del crimen organizado al haberse negado a ceder a extorsiones o exigencias de cancelar toda denuncia sobre su ilícito actuar.
Sólo en la diócesis de Altamirano, en Guerrero, o en aquella que tiene por sede al otrora paradisiaco Acapulco, el número de sacerdotes muertos a manos de la delincuencia podría superar la media docena, igual que casi un centenar el de los extorsionados en la ahora atribulada entidad, en Michoacán, Morelos, el Distrito Federal. Los casos de excepción son en verdad mínimos, excepciones a lo que parece haberse tornado una regla.
Por ello es que, como mencionamos en su oportunidad, a nadie debiera sorprender la dureza de los términos con que el papa Francisco se refirió a los hechos de Ayotzinapa ni, menos, los utilizados por la jerarquía local que, amén de su casi ignorado: “¡Ya basta!, no queremos más sangre… (ni) más muertes… (ni) más desaparecidos… (ni) más dolor y venganza”, refirió —casi de pasada— a las “miles de víctimas anónimas” del crimen organizado y su impune actuar en connivencia, en no pocos casos, con funcionarios corruptos de los tres órdenes de gobierno.
Por ello entonces, por lo que parece haber animado a la jerarquía católica a signar el sin duda severo pronunciamiento, es que debería atenderse al llamado que concluye el mismo y que, amén de plantear la necesidad de aceptar que, hoy, “es momento (ya) de pasar de la protesta a la propuesta” y a “que nadie esté como buitre, esperando (a ver) los despojos del país para quedar satisfecho”, explicita la generalizada convicción de que: “Estamos en un momento crítico. Nos estamos jugando una auténtica democracia que garantice el fortalecimiento de las instituciones, el respeto de las leyes, y la educación, el trabajo y la seguridad de las nuevas generaciones… a las que no debemos negarles un futuro digno”. Importante mensaje en su momento…y ahora, más.
La mentira y el engaño, al servicio de la deconstrucción del Estado
Por Pedro de Legarreta
Este día se han estado produciendo enfrentamientos entre los manifestantes en la Ciudad de México y la policía de antimotines de esa ciudad.
A pesar de los llamados, tanto de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, como de las autoridades o líderes políticos y sociales que han pedido manifestarse dentro del marco de la legalidad, los anarquistas o grupos violentos o infiltrados o se les llame como se les quiera llamar, están provocando una mayor inestabilidad política en el país, que pareciera ser precisamente lo que buscan.
Desgraciadamente junto a estos, empezamos a ver a los diputados de la izquierda subirse al desastre, por cierto provocado por el alcalde de Iguala emanado de sus filas, agravado por la policía de la Ciudad de México que disparó contra un estudiante (que según publican hoy los diarios, no era tal) en Ciudad Universitaria, también bajo las órdenes de un gobierno de izquierda... bueno, pues los diputados de ese partido, piden la renuncia de Enrique Peña Nieto por ¡Ayotzinapa!. ¿Entonces de qué se trata?
El martes, en la columna de Sinaloa Diario, comentabamos las relaciones de los anarquistas con el crimen organizado, son suposiciones, pero basadas en la información disponible que hay en medios y estudios sociales e históricos; lo que en realidad estamos viendo en este momento es como, ante la ineptitud del gobierno mexicano para comunicar, atender y resolver los graves conflictos que está enfrentando, fuerzas nacionales e internacionales están aprovechando para deconstruir nuestra incipiente democracia, destruyendo al Estado desde sus bases, rompiendo toda posibilidad de convivencia social e impulsando una mayor confrontación que, de no prevalecer el estado de derecho y la sensatez, nos puede llevar directamente hacia una confrontación entre los ciudadanos que defienden distintos puntos de vista para el desarrollo nacional.
La autoridad legalmente electa, enfrentada a una crisis de legitimidad tanto por su historia como por su acción actual e incluso, por su incompetencia para enfrentar y resolver los problemas actuales, está cada día más acotada, y puede caer en la tentación de la represión generalizada sin mediar en la justa aplicación de la ley. Hoy, desafortunadamente, esa autoridad es incapaz de utilizar los instrumentos del gobierno para frenar la insurrección, para denunciar la mentira y para develar el engaño. Tenemos una autoridad carente de inteligencia para conocer el orígen de los atentados contra la nación, no puede encontrar a los estudiantes desaparecidos en Iguala, no termina de esclarecer los hechos de ese 26 de septiembre, no revela la actuación o la falta de esta del batallón del ejército destacado en la ciudad de Iguala, el CISEN da información a toro pasado y no es capaz de brindar información anticipada al gobierno para prevenir los ataques a los que está sometido.
Ante esta situación, la sociedad está inerme e incapaz de reaccionar y liderar un movimiento que exija el predominio del estado de derecho, la justicia y la paz. Hoy más que nunca, la sociedad civil organizada tiene la responsabilidad de exigir y construir los puentes necesarios para mantener la paz y rescatar el tejido social; necesitamos un gobierno que se haga responsable y opere cumpliendo las obligaciones que le impone la ley, que combata la corrupción e impida la impunidad, pero necesitamos que exista, que sea fuerte y que sirva a la sociedad. En este momento, la renunica del presidente no sirve de nada, no arregla nada y no corrige nada; no, en este momento necesitamos que el presidente pida perdón por lo que haya hecho mal, pague las consecuencias políticas y jurídicas que correspondan y conduzca al país a un puerto de nueva esperanza. Para ello, se requiere acabar con la red de complicidades en el gobierno y entre los partidos, y aunque suene ilusorio, esto es posible con una sociedad vigilante y participativa.
En Guerrero se ha demostrado que la renuncia del gobernante no resuelve nada, en Morelos se ha mostrado que la llegada del líder de los que hacen la protesta social en la calle, no significa que ésta se acabará. Para que México salga adelante, requiere que sus instituciones se fortalezcan, no que estas se debiliten o desaparezcan, pero tal como están hoy las cosas, solo la sociedad civil puede lograr que esto ocurra, los políticos están totalmente desprestigiados y son vistos como ajenos a la sociedad, necesitamos liderazgos sociales que impulsen el cambio, y tendrán que ser muchos líderes, no unos pocos caudillos, que estén dispuestos a entregar su tiempo, su talento y hasta parte de sus recursos, por el bien del país.
No hay tiempo, urge actuar.
