Los griegos comenzaron el domingo a votar en unas elecciones en las que se espera que el partido de izquierda radical Syriza, que se ha comprometido a enfrentarse a los prestamistas internacionales y hacer retroceder las dolorosas medidas de austeridad impuestas durante los años de la crisis económica, logre la victoria.
De la mano de un enorme descontento popular, una victoria de Syriza -que lidera los sondeos de opinión desde hace meses- implicaría el primer Gobierno en la zona del euro abiertamente comprometido con la eliminación de las condiciones de austeridad establecidas en rescate respaldado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
"En Grecia, la democracia va a volver", dijo el líder del partido, Alexis Tsipras, a una multitud de cámaras tras votar en Atenas.
"El mensaje es que nuestro futuro común no es el futuro de la austeridad", expresó.
Un triunfo de Syriza además representaría otra sacudida para Europa, después de que el Banco Central Europeo anunciara la semana pasada una enorme inyección de dinero al bloque de la moneda única con el fin de apuntalar una economía que flaquea e impulsar a los países a realizar reformas estructurales.
Las mesas de votación se cerrarán a las 1700 GMT y 9.8 millones de Griegos tienen derecho a voto.
El primer sondeo a pie de urna se dará a conocer inmediatamente después del cierre de las mesas, mientras que las primeras proyecciones oficiales se conocerán dos horas y media más tarde, que serán actualizadas durante la noche.
Aunque se espera que Syriza constituya el grupo más grande en el Parlamento de 300 escaños, no está claro si el partido estará en condiciones de formar un Gobierno por sí solo o si tendrá que constituir una coalición con uno o más partidos más pequeños.
Las últimas encuestas de opinión difundidas el viernes dieron al partido liderado por Alexis Tsipras, de 40 años, una ventaja de hasta 6.7 puntos con un rango esperado de votos de 31.2 a 33.4 por ciento, muy cerca del nivel que se requiere para una victoria rotunda.
Syriza parecía estar ampliando su ventaja frente al partido de centro-derecha Nueva Democracia, del primer ministro, Antonis Samaras, en los últimos días antes de las elecciones, que apeló a los votantes indecisos para asegurarse de que Grecia sigue el camino de la estabilidad y las reformas.
En un mensaje de año nuevo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió trabajar para “liberar” a su país del crimen, la corrupción y la impunidad. Su gabinete ha establecido debidamente esto como su prioridad. El mensaje es el correcto. Pero desafortunadamente para Peña Nieto, los mexicanos son cada vez más escépticos acerca del mensajero.
México sigue agitado por la respuesta del gobierno al secuestro de 43 estudiantes en septiembre, a manos de la policía municipal en el estado de Guerrero, al suroeste de México, y aparentemente asesinados por narcotraficantes. La investigación del caso parece estar estancada. La respuesta política de Peña Nieto a la masacre es una iniciativa de reforma constitucional para abolir las fuerzas municipales. Pero el Congreso podría no aprobarla, entre otras cosas porque algunas están menos dañadas que las fuerzas estatales que quedarían en su lugar.
En defensa del gobierno, el estado de derecho no se puede crear en una noche. Tomará años, quizá décadas, limpiar y fortalecer a la policía del país. Pero sus críticos creen que Peña está esquivando la tarea más importante: castigar a los mandos políticos corruptos que son cómplices del crimen organizado. Y el propio gobierno está marcado por el escándalo.
El más reciente bochorno, publicado esta semana por The Wall Street Journal, es que en 2005 Peña compró una casa de un pequeño constructor que había ganado una gran cantidad de contratos en su administración. Esto siguió después de las revelaciones de que su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró una casa de $500 mil dólares en un club de golf de moda, con un crédito del propio vendedor, una compañía propiedad de Juan Armando Hinojosa. Ese empresario ha recibido mucho trabajo del gobierno federal y previamente del Estado de México, cuando Peña fue gobernador y Videgaray su secretario de finanzas.
Esto confirma los nexos cercanos entre esta administración y Grupo Higa, el imperio de Hinojosa. En noviembre, el gobierno canceló abruptamente un contrato de $3 mil 700 millones de dólares, para un tren de alta velocidad otorgado a un consorcio que incluía a Grupo Higa. Días después se reveló que la palaciega casa presidencial había sido comprada con una gran hipoteca, otorgada a la primera dama por el grupo empresarial.
Ambos, Peña y Videgaray insisten en que no han hecho nada ilegal. Están perdiendo el punto. En las democracias modernas, a las que México aspira a pertenecer, el tipo de relación de rascaespaldas que aparentemente emprendieron con Grupo Higa es vista como comportamiento inaceptable.
Si se toman en serio la lucha contra la corrupción y el conflicto de interés, los líderes políticos de México pueden mirar a Brasil. Petrobras, la empresa petrolera controlada por el gobierno brasileño, está envuelta en un escándalo mucho mayor, que involucra sobornos de quizá 4 mil millones de dólares en la década pasada. Los fiscales creen que el dinero fue a parar al partido en el poder, el de los Trabajadores, y a sus aliados del gobierno. La presidente, Dilma Rousseff, presidió el consejo directivo de Petrobras durante gran parte de ese periodo.
Gracias a fiscales y cortes ferozmente independientes, y una nueva rigurosa ley antisobornos, los brasileños pueden estar confiados que los delitos en Petrobras serán investigados y castigados -incluso si el juicio conduce a la propia Rousseff. En 1992, un presidente brasileño fue sometido a juicio por corrupción; más recientemente, varios ministros se han visto forzados a renunciar por contratos controversiales o vínculos no éticos con negocios privados. Docenas de directivos de empresas del ramo de la construcción, contratadas por Petrobras, enfrentan cargos criminales.
Para que ese tipo de cosas se puedan pensar para México, se necesitan varios cambios. Las propuestas para una fiscalía independiente y una agencia anticorrupción deberían pasar por la vía rápida (tristemente, los partidarios de Peña quieren que esta última esté bajo el control del gobierno). El segundo elemento que falta es la responsabilidad política. Nadie ha asumido la responsabilidad ni ha renunciado por las fallas en seguridad, las dudas en el contrato del tren o conflicto de interés. Nadie ha privado a Grupo Higa de los contratos del gobierno mientras se investiga de manera independiente, aunque sólo sea para demostrar que está libre de culpa.
“No se han dado cuenta que no se dan cuenta”, dijo un ex funcionario de alto rango. Pero los mexicanos ya se dieron cuenta. El índice de aprobación de Peña cayó hasta el 40%, cerca del nivel más bajo en la historia para un presidente mexicano.
Sus audaces reformas económicas aún pueden traer recompensas políticas. La división de la oposición puede ayudarle en las elecciones del Congreso que se realizarán en junio. Pero los meses pasados han socavado la autoridad que él usó para asegurar las reformas. Y con las encuestas sugiriendo que la participación en las elecciones será decepcionante, el mayor beneficiado del escepticismo que está engendrando el presidente podría ser Andrés Manuel López Obrador, un populista mesiánico, quien ha estado a punto de ganar la presidencia en dos ocasiones. México se merece algo mejor.
(ANIMAL POLÍTICO) Alfredo Castillo ya no será el comisionado para la Seguridad en Michoacán, confirmó este jueves 22 de enero el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Porque es indudable que los logros alcanzados han marcado, como dijo el señor gobernador, un antes y un después, logros que están a la vista de todos y que son reconocidos por los michoacanos, quienes piden que la labor del comisionado en el estado continúe, pero también ha habido voces de distintos partidos, candidatos, aspirantes, que de cara al proceso electoral han buscado politizar su permanencia y opacar los resultados, precisamente por ello y porque el presidente de la República confiere la mayor importancia a las instituciones democráticas, a sus procesos y tiempos ha tomado la decisión de que el comisionado Alfredo Castillo concluya su encomienda para incorporarse a nuevas responsabilidades en el gobierno de la República”, dijo el secretario.
Con la salida de Castillo de Michoacán, desaparece la figura del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral; sin embargo, no concluye la presencia federal en la entidad, ya que Osorio Chong anunció la designación del general Felipe Gurrola Ramírez al mando de la seguridad en ese estado.
http://www.animalpolitico.com/2015/01/comisionado-seguridad-alfredo-castillo-se-va-de-michoacan/
(EL DEBATE/Luis Moreno) Por unanimidad, los integrantes de la 61 Legislatura aprobaron las cuentas públicas de los municipios de Salvador Alvarado, Badiraguato, Guasave, Mocorito, Mazatlán, Ahome, Navolato, Culiacán, Angostura y San Ignacio, correspondientes al primer semestre de 2014. Esto a pesar de que se tuvieron algunas irregularidades que fueron señaladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), y que deben de ser subsanadas en un periodo de 30 días.
Sin embargo, las cuentas públicas de Angostura y San Ignacio correspondientes al segundo semestre de 2013 permanecen suspendidas, debido a que no se han solventado las observaciones que hizo el órgano fiscalizador.
Salvo el caso de la cuenta pública de Navolato, en el resto de los documentos los diputados votaron de manera unánime.
En el municipio donde más se detuvieron a discutir los diputados locales fue en la cuenta pública de Navolato, pues se alegaba que existían diversas irregularidades en sus finanzas que, de acuerdo a siete legisladores, no debía de aprobarse.
Imelda Castro, legisladora del PRD, comentó que en el primer paquete de revisión y análisis de las cuentas públicas, todos los municipios tuvieron exhortos para que se implementen acciones de control interno más fuertes.