Pedro de Legarreta Lores
El informe del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye que los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes se encontraban en Iguala cuando fueron detenidos, no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula.
El tema ha sido el tópico del día, comentaristas, noticieros, políticos, empresarios y ciudadanos comunes en redes sociales, todos, abordan y comentan el asunto, pero al igual que casi todo, se aborda desde diversos puntos de vista, desde distintos enfoques ideológicos, o definitivamente con determinados intereses políticos.
Si lo que se busca es la verdad, se debe empezar desde el principio, como también concluye el GIEI los normalistas no iban a entorpecer el evento de la familia Abarca, sino en un esfuerzo de recaudación de fondos para asistir a la conmemoración del 2 de octubre de 1968 a la ciudad de México, esta pregunta estuvo desde el principio y ahora finalmente conocemos la respuesta. Ya estando ahí seguramente aprovecharon para manifestarse contra el alcalde, pero no era el objetivo primario.
Los estudiantes no estaban involucrados con el crimen organizado, sin embargo el quinto autobús que reveló el informe del Grupo Interdisciplinario sí estuvo involucrado en el transporte de droga, y esa unidad fue destruida, aparentemente, por los estudiantes de la normal, con lo que habría una vinculación por venganza, aunque los mismos estudiantes desconocieran este hecho.
Como se ve, hay elementos que por fin la sociedad empieza a conocer, elementos que empiezan a clarificar lo que ocurrió… pero aún falta determinar muchos aspectos: el monitoreo que realizó la policía federal de los estudiantes, la posible participación del vigésimo séptimo batallón del ejército que tiene su cuartel en Iguala, la conclusión a la que llega, en su momento, el Procurador Murillo Karam y las deficiencias en el peritaje, ¿por falta de experiencia o por encubrimiento?
Pero también es necesario deslindar las responsabilidades de quienes aprovechando la tragedia y el dolor de los padres han buscado lucrar políticamente con la muerte de los jóvenes; hechos que hacen difícil continuar de manera imparcial una investigación para una autoridad que adolece de legitimidad y que cada día pierde credibilidad.
Para que se llegue a la verdad, es necesario deslindarse de posiciones ideológicas e intereses políticos, tanto de los investigadores, como de la sociedad que reclama la solución, por ello el informe del GIEI es de tanto valor: no tiene juicios de valor, sino datos duros… confiemos, pero vigilemos, para que la autoridad llegue a una pronta solución de la investigación para que, tras un doloroso año casi completo, los padres puedan recuperar sus vidas aunque difícilmente encuentren a sus hijos con vida.
