Bernardo Ardavín Migoni
Hay muchos aspectos de la versión oficial acerca de Ayotzinapa que son puestos en duda por el Grupo Interinstitucional (GIEI), y quizás lo más grave es que, supuestamente, prueban una inexplicable omisión o colusión de autoridades locales, estatales y federales que estuvieron enteradas de todos los sucesos, prácticamente en tiempo real --con los reportes del C4--, y no intervinieron como era su obligación, legal y moral, para evitar esa tremenda tragedia.
Desafortunadamente, el deterioro de la confianza en las autoridades e instituciones que han intervenido, está ampliamente justificado.
Los desaparecidos registrados oficialmente suman más de veinticinco mil, y los asesinados cerca de cien mil, cifras sobrecogedoras… pero que pueden ser mayores
El reclamo de centenas de miles de víctimas --viudas y huérfanos--, es sin duda justificado, y explica las severas condenas que se han emitido en contra del gobierno mexicano y, por ende, en el caso específico de Ayotzinapa. El problema de los normalistas, por su escandalosa barbarie, ha eclipsado otros eventos igualmente graves, como la ejecución de delincuentes aparentemente ya rendidos en Tlatlaya, o la matanza de más de cuarenta civiles en el Rancho El Sol, ubicado en los límites de Jalisco y Michoacán, donde difícilmente ha podido ser admitida la versión oficial de un enfrentamiento que justificara ese número de muertos que, en la realidad, pareciera que son resultado de sendas ejecuciones.
Si el gobierno no fuera capaz de actuar atinadamente para reconocer sus yerros, corregirlos de acuerdo con la ley y recuperar la confianza, la situación se podría complicar peligrosamente
En algunos mentideros políticos se habla de ligar todos los agravios sustantivos que permanecen en la memoria colectiva, desde el dos de octubre de 68, el jueves de Corpus, la matanza de Aguas Blancas, la de Tlatlaya… para culminar con Ayotzinapa.
Lo cierto es que tenemos una crisis grave, consecuencia del autoritarismo, corrupción, clientelismo y corporativismo de numerosos miembros de nuestra clase política que han mermado sensiblemente la confianza de los ciudadanos en las autoridades e instituciones y, lo que es más grave, en nuestra débil democracia.
¿Qué debemos hacer?
La sociedad organizada, cámaras de industria y comercio, sindicatos de trabajadores y empresarios, organizaciones campesinas, asociaciones civiles, instituciones académicas y educativas, iglesias, comunicadores… debemos urgir a nuestras autoridades para que hagan lo necesario con el objeto de recuperar la confianza de la sociedad, como condición indispensable para la gobernabilidad, en el marco de un Estado de Derecho.
Sin ello no será posible contar con una garantía razonable para conseguir la justicia y la paz, que resultan indispensables como cimientos del sistema democrático que deseamos esté vigente en el país.
Por lo pronto, el gobierno debe investigar y dar a conocer la verdad en la desgraciada tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa, encausar a los responsables para que reciban el castigo que les corresponda, de acuerdo con la ley y compensar a las víctimas.
No hay otra salida para la respuesta adecuada en el ámbito interno, ni tampoco en el internacional.
