Pedro de Legarreta Lores

En lo personal considero que nuestra legislación electoral se ha complicado demasiado y se le ha llenado de reglas absurdas, difíciles de controlar y que además restringen las libertades políticas de los ciudadanos, ya sean civiles o funcionarios. Sin embargo, las leyes se deben cumplir, al menos en tanto se cambian.

Pero a nuestros políticos parece importarles muy poco lo que dice la ley, y la ley es tan ineficaz que permite lo que debería prohibir y prohíbe lo que debería ser reconocido como un derecho.

Esto está pasando con los aspirantes a puestos de elección que, sospechamos, se desean presentar como candidatos para el 2016, ya sea a gobernador, o para alguna alcaldía o diputación.

En primer lugar, los ciudadanos debemos ser capaces de reconocer a nuestros funcionarios, de manera que en los procesos electorales podamos sancionar su desempeño con la emisión de nuestro voto. A un buen funcionario (que sí los hay), le deberíamos reconocer con la reelección o el voto para un nuevo cargo, a un mal funcionario, castigarlo negándole nuestro voto. En eso consiste el poder del ciudadano en las democracias. Pero la ley dice que los gobiernos no pueden decir que son las personas quienes impulsan las políticas: de esta manera no nos enteramos si hacen bien o mal, si aprueban una ley fiscal que provoca que pierda mi empleo, o construye  una vialidad que resuelve un problema urbano; da lo mismo, porque entonces las acciones las hace “la autoridad” un ente desconocido e impersonal, que no puede ni debe desaparecer, pero entonces nuestro enojo es con cada miembro de ese ente. Por eso “los diputados” tienen tan mala fama hoy en día, pero ganan elecciones cuando Juan Petacas se presenta para ser alcalde o gobernador.

Otro enfoque es el del uso del erario o las atribuciones para beneficiarse en un proceso electoral. Esto es éticamente reprobable y legalmente indebido. El funcionario público recibe el poder para administrarlo en favor de los ciudadanos y sus necesidades, no de sus intereses personales, utilizar los recursos que se le han brindado es, en el mejor de los casos, un abuso de la confianza que se le ha conferido.

Luego está el enfoque legal, que busca dar un pido parejo para todos los candidatos. Decir que algo no constituye tomar una ventaja porque no se ha emitido una convocatoria para un evento que todos sabemos que va a ocurrir, es cerrar los ojos ante lo evidente. Voltear para otro lado es incumplir el mandato que se ha recibido, retrasar la convocatoria para que la autoridad no tenga facultades para sancionar, es complicidad.

Muchos son los que ya han manifestado su interés por ocupar un puesto de elección, esperemos que como ciudadanos sepamos diferenciar entre los que buscan servir desde un puesto, y los que desean servirse del pueblo. Eso si, todos debemos salir a votar.