René Mondragón

Aunque este aprendiz de escribano es de los mexicanos que no creemos que “la corrupción está en nuestro ADN”, de pronto se puede pensar que, cuando menos, se destina un lugar especial en los records Guinness.

No es para menos. News Week publicó recientemente, varios datos sorprendentes, como el llamado “Índice de Estado de Derecho” documentado por el World Justice Project referenciado al 2014. El nuestro está entre los 20 países con servidores públicos más corruptos.

La organización Transparencia Internacional, en una investigación realizada el año pasado, señaló que México está en la posición 103 de 175 países; y el Banco Mundial destacó que en el país, el control de la corrupción disminuyó, al pasar de 50 puntos en 2003, al 39 en 2013.

Esta parte es alarmante porque tanto e Banco de México como el Banco Mundial, estiman que la corrupción equivale al 9% del PIB. No resulta extraño, porque según revelaron las fuentes citadas, cada familia emplea, en promedio, un 14% del dinero que ingresa en la casa, para realizar actos de corrupción como obtener documentos, incorporarse a programas, recibir atención urgente en un hospital o evitar infracciones, en lo que la cultura mexicana denomina como “mordidas”.

En el documento “México, anatomía de la corrupción” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se señala: “La corrupción es un obstáculo a la productividad, a la competitividad, a la inversión y al crecimiento”.

Evidentemente, la percepción sobre los elevados indicadores de corrupción en el país, desalientan la inversión, generan un clima de no-credibilidad sistemática en las autoridades, encarece la obra pública, distorsiona las licitaciones, anula el respeto a la legalidad y por si fuera poco, degrada velozmente el desarrollo económico nacional.

Hay una vinculación estrecha entre tranquilidad ciudadana, paz comunitaria y la corrupción. Cuántas veces escuchamos en los medios masivos que, después de atrapar a un sujeto, exhibirlo en los propios medios, y asegurar que el Ministerio Público lo acusa de delitos que pueden ser castigados hasta con 3,000 años de prisión, meses después, pasan cualquiera de dos cosas: el sujeto queda en libertad “por falta de pruebas” o lo encarcelan por tirar goma de mascar en la banqueta.

Alguna de mis hermosas lectoras y amables lectores ¿Se han percatado que en el lugar en donde vive, muchas tiendas y comercios colocaron rejas protectoras para evitar ser asaltados por bandidos con tarjeta de “asaltante frecuente”? ¿Cuántas noticias escuchamos, vemos o leemos, en donde policías, funcionarios de todos los niveles, y quienes deberían impartir justicia, están vinculados, asociados y cercanos al crimen organizado?

El resultado es obvio: Al ciudadano le cuesta cada vez más trabajo creerle a sus autoridades. Más aun, cuando los discursos quedan en mera oratoria de cantina y la ciudadanía los recibe con total desconfianza, porque además, los funcionarios, ciudadanos, empleados o mensajeros, siguen desempeñando sus labores.

Lamentablemente, en muchos casos conocidos y reconocidos, la autoridad pública apuesta al olvido y a que “el polvo de la historia entierre la memoria” del ciudadano.

Este escribano considera que, una buena parte de la solución a este tema, se encuentra en dos acciones fundamentales: la primera, en la formación y vivencia de valores superiores en las familias; y en seguida, en la acción de la sociedad organizada y los cuerpos intermedios. No hacerlo podría ser suicidio comunitario.