Después de la elección de 1988 en que se evidenció de manera muy clara el sistema fraudulento del proceso electoral mexicano, iniciaron una serie de reformas a la entonces LOPPE y después COFIPE. Todo esto iba encaminado a cumplir con una demanda ciudadana: crear un instituto 100% ciudadano responsable de velar por el proceso electoral que diera certeza de imparcialidad y equidad a los mexicanos. En 1996 se alcanzó la autonomía del Instituto, con lo que México lograba tener un instrumento confiable para organizar las elecciones federales, y así fue en los procesos de 1997 y 2000. Desgraciadamente el procedimiento se corrompió desde el Congreso de la Unión, donde los Partidos Políticos, sujetos por la ley al arbitrio del IFE, decidieron tener la forma de meter su cuchara en las decisiones, no les bastó con los representantes de partido, sino que empezaron a hacer nombramientos de Consejeros Electorales a modo o por cuotas partidistas, de manera que lo que había empezado como un instrumento positivo se empezó a pervertir. Después de la elección de 2006 y el berrinche del mesías tropical de Macuspana, éste, apoyado por los partidos políticos destituyeron al presidente del órgano autónomo, quien se había limitado a hacer su trabajo, a lo mejor con errores de comunicación, pero no con mala fe o dolo. Así llegamos al peor de los mundos: un Instituto Federal Electoral dominado por la oligarquía partidista, cada vez con menor credibilidad y sin posibilidad de redención, ya que su transformación depende de los cambios legales que… ¡tienen que hacer los partidos políticos!. Esta perversión se fundamenta en la forma en que son electos los consejeros ciudadanos. ¿qué pasaría si éstos fueran electos por la propia ciudadanía a través de elecciones abiertas?, o mediante otro mecanismo que saque a los partidos del proceso, como en las universidades autónomas.