Bernardo Ardavín Migoni

Los que voluntariamente disminuyen sus capacidades mentales, ponen en riesgo a las personas y bienes que están en contacto con ellos. Es totalmente falso que puedan decidir “libremente” dañarse porque no producen lesiones en su entorno, en la sociedad. Las comunidades son impactadas, para bien, por aquellos que utilizan sus habilidades y su ciencia en el servicio de los demás, y son afectadas para mal, dañadas, cuando tienen una conducta viciosa, egoísta, sin que les importen las consecuencias de sus malas acciones en la vida de los demás. Por eso se ha instalado el alcoholímetro, no sabemos si ahora se tendrá que instalar un “mariguanómetro”.

Negar la existencia del bien y del mal, como categorías morales, lleva a la ignorancia de la realidad, de la verdad

El problema con nuestros ministros es que niegan las categorías del bien y el mal moral, y con ello se desentienden de la verdad. Lo “bueno” es lo que permite la ley y lo “malo” es lo que prohíbe. Y si no se ajusta a su caprichosa visión ideologizada, la solución en sus manos es muy fácil: interpretar o cambiar la ley a su antojo.

La dictadura de los togados

Hay un cierto consenso en la sociedad de rechazar las dictaduras, sobre todo sin son “de derecha”, como malas e inadmisibles para las naciones. Pero los pueblos no parecen tener la misma prevención hacia una dictadura tan dañina o más que las políticas, la del relativismo impuesto contra toda lógica y sentido común, en aras de una dizque modernidad progresista que lleva a los pueblos al desbarrancadero, por aquello de un ciego que guía a otros que nada más están tuertos: Es la dictadura de legisladores y, sobre todo, de jueces que lejos de cumplir con su deber de hacer contrapeso entre los diferentes poderes buscando la justicia, la paz y el bien común, uncidos a sus propios intereses provocan el extravío de los pueblos.

¿Qué debemos hacer?

Para enfrentar adecuadamente el grave problema del tráfico de enervantes así como sus muchos y perjudiciales efectos anejos, necesitamos promover, desde la sociedad, foros de profesionales y académicos de la salud que proporcionen información confiable acerca de los daños que puede causar el consumo de la mariguana, de manera especial en los casos de adolescentes y jóvenes.

Debemos propalar esa información y hacerla llegar hasta las instancias, de los tres Poderes de la Unión, que han anunciado la realización de una consulta seria, amplia y abierta para ilustrar a legisladores y jueces acerca de las consecuencias de permitir el consumo legal de la mariguana con fines terapéuticos y lúdicos.

Las decisiones al respecto pudieran comprometer la salud física y social de varias generaciones y, por ende, del país.