José Antonio Ortega Sánchez

En 1990 se publicó el libro "En qué momento se jodió Colombia", cuando ese país alcanzaba la cúspide de la violencia.

Su autor, Plinio Apuleyo, en respuesta a su pregunta, le puso fecha exacta: el 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado el líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, magnicidio del que fue culpado el partido rival, el Conservador. Tiempo después se sabría que los líderes conservadores no eran responsables.

A partir de entonces estalló una guerra civil que duró varios años. Y aunque el autor no lo indica de manera tan explícita, lo que llevaría a Colombia a décadas de violencia y descomposición fue la aparición de milicias privadas, como fuerzas paralelas al Estado y que éste fue incapaz de someter, ya se tratara de guerrilleros, sicarios del narcotráfico o paramilitares, surgidos para enfrentar a los primeros.

Ojalá nunca tengamos que preguntarnos en qué momento se jodió México. Pero si en el futuro surgiera la pregunta, la respuesta sería la de una fecha cercana a la actual.

El mal de las milicias privadas ya está sembrado en nuestra tierra. Altísima prioridad es erradicarlo. No se reduce a los pequeños "ejércitos" del narcotráfico; incluye a los grupos de "autodefensa" y destacadamente a las "policías comunitarias" de Guerrero, que no son sino extensiones de la guerrilla.

El gobierno federal parece comprender la magnitud de la amenaza y más o menos obra en consecuencia. Pero contener a los grupos armados irregulares es responsabilidad del Estado, no sólo del gobierno.

La liberación de la plagiaria Nestora Salgado, jefa de la "policía comunitaria" de Olinalá, va en el sentido opuesto al deber del Estado mexicano. Los fallos que permitieron su excarcelación son modelo de prevaricación. Es falso que faltara evidencia para procesarla, mantenerla presa y condenarla; por el contrario, sobraba. Ahí están los testimonios de los familiares de las cuando menos 42 personas que Salgado secuestró y les arrancó rescates. La decisión fue política, no jurídica.

Ante éste y otros casos, incluyendo exoneraciones y millonarias indemnizaciones a secuestradores, no podemos permitir que se joda la justicia y por ende el país. Hay que actuar contra los prevaricadores como en otras ocasiones.