Juan Pablo Castañon

El Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de esta Legislatura se acerca a su final sin que se hayan resuelto varios asuntos pendientes de la más alta prioridad. Se requiere del compromiso de todas las fracciones parlamentarias en ambas cámaras para sacarlos adelante, en tiempo y en forma.

Hay que acelerar el paso. Quedan dos semanas para desahogar la agenda de temas impostergables. Es importante cumplir con los plazos y, más aún, es preciso que la legislación aprobada cubra cabalmente con las necesidades por las cuales se necesitan con premura.

Por ello, consideramos de elemental responsabilidad con la situación del país considerar, en su momento, un periodo extraordinario de sesiones para que no se retrase más la resolución de los retos de la trascendencia del Sistema Nacional Anticorrupción, verdadera exigencia de la sociedad, que pone a prueba la voluntad de la clase política para ir adelante con la modernización, la democratización y el desarrollo nacional, fortaleciendo nuestras instituciones.

De posponer las asignaturas, en adelante se presentarán escollos que volverán difícil su consecución: primero, por el ambiente crecientemente polarizado alrededor de las elecciones del 5 de junio, y en seguida, por la preponderancia que tomará, en el periodo de sesiones que iniciará en septiembre, todo lo relacionado con la Ley de Ingresos y el presupuesto federal para 2017.

Hay varios pendientes en los que, en las próximas semanas, podemos y debemos dar esas señales de rumbo y voluntad política que se necesitan en México.

En materia de Estado de derecho, se logró avanzar en la legislación secundaria que faltaba sobre transparencia y acceso a la información pública, en el sentido marcado por la reforma constitucional. Empero, insistimos, subsiste el gran reto de consolidar el andamiaje jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, el gran pendiente de la agenda legislativa.

Lo que se pide en este caso es muy preciso: el cumplimiento de los compromisos y los plazos estipulados. Incorporar las aportaciones y demandas ciudadanas, como el esquema de declaraciones públicas "3 de 3" y nuestra propuesta ciudadana de transparencia y responsabilidad pública. Que la fuerza de la reforma que aprobó el Constituyente Permanente no se diluya en la legislación secundaria. Para ello, la interlocución y consulta con la sociedad civil es fundamental. En el combate a la corrupción y la impunidad, México no puede aceptar cambios superficiales o imposibles de llevar a la práctica.

En materia de seguridad pública, vemos dos asignaturas indispensables. Por una parte: las decisiones que urgen para la reestructuración del sistema policiaco nacional: El mando único, el mando unificado, la iniciativa de mando único mixto –como sea la figura–, pero es un paso en la dirección correcta, si se acompaña de otras medidas y una coordinación eficaz a nivel federal, con las instituciones, aun con excepciones de corporaciones municipales que funcionen adecuadamente y sean confiables en los municipios que así lo tienen.

En segundo término: las reformas pendientes para dar certeza jurídica a las fuerzas armadas. Son ya muchos años de soslayar este reto, que implica riesgos y problemáticas muy complejas.

En el plano económico, llamamos a la pronta aprobación de la Ley de Unidad de Medida y Actualización. La clave está en instituir el método de actualización correcto, basado en la inflación subyacente. Urge hacer esto para tener una oportunidad de diseñar una política salarial de largo plazo y de largo alcance para los ingresos de nuestros trabajadores, asimismo, es indispensable que el debate parlamentario encaminado para dignificar el salario mínimo parta del principio de que éste se defina a partir de un esquema tripartita: gobierno, trabajadores y sector patronal. Somos nosotros los que estamos en la economía, en el trabajo cotidiano, en el mercado, en las empresas.

Hay también temas de la mayor relevancia, en términos de impulso a la inversión y al crecimiento, como es el caso de las Zonas Económicas Especiales y la Reforma a la Ley de Obras Públicas.

Se trata de asuntos de interés prioritario para el sector empresarial, que tienen que ver con la certeza jurídica, con la necesidad de garantizar y agilizar los pagos a proveedores del sector público, así como lograr una mayor eficiencia, transparencia y competitividad de los procesos de contratación, el desarrollo de infraestructura y las sinergias entre gobiernos y empresas para el desarrollo que México necesita.

El exhorto que hacemos a los diputados y a los senadores es muy claro: ser consecuentes con los desafíos que el país demanda.

Urgen señales claras y contundentes, de cara al mundo y sobre todo para nosotros mismos, para los mexicanos, de la determinación de ir a fondo contra los grandes problemas nacionales y frente a los obstáculos que se oponen al progreso y a la justicia.

El camino andado ha sido importantísimo, falta solo concluir para darle un marco jurídico, un marco de Estado de Derecho necesario para la plataforma de desarrollo de México. Consideramos que hay tiempo para hacerlo, siempre que exista visión de Estado y voluntad política.