José Antonio Ortega Sánchez
En un hecho sin precedentes, el 17 de abril el Secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos Zepeda, pidió disculpas por la participación de dos elementos del Ejército Mexicano (junto con un agente de la Policía Federal) en la tortura de una mujer que fue detenida en febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
El Secretario estableció: el crimen no se combate con el crimen; es absolutamente inadmisible torturar, desaparecer o ejecutar extrajudicialmente, así se haga contra los peores criminales.
El General Cienfuegos expresó sus disculpas en una reunión citada exprofeso con mandos del Ejército para enviar un mensaje claro: hay una política de cero tolerancia ante los militares que violen derechos humanos.
La política no surgió tras de que el video de la tortura se difundió, pues los implicados ya tenían meses de haber sido detenidos por iniciativa de la SEDENA. De hecho, desde que el General Cienfuegos tomó posesión como Secretario, él estableció esa política de cero tolerancia.
En tal sentido, es de destacar que si en 2012 la CNDH registró 1,503 quejas por presuntos actos violatorios de integrantes de la SEDENA, en 2015 las quejas fueron 622: un 59% menos.
El propósito de salir a hacer una declaración como la del 17 de abril es el de expresar la determinación de apretar el paso en el abatimiento de las violaciones. Y es así, porque no existe una política gubernamental de no tolerar violaciones, como ocurrió durante la "guerra sucia" de los años setenta y otros momentos, sino exactamente lo contrario.
Pero mientras hay estos esfuerzos por resolver el problema real de derechos humanos (que tampoco es generalizado y sistemático), organismos internacionales que deberían promover su protección ¡hacen lo opuesto!
Con motivo de que ciudadanos denunciamos el mal proceder del GIEI (¡hasta nunca!) y del Secretario Ejecutivo de la CIDH, tres relatores de Naciones Unidas (defensores de derechos humanos, libertad de asociación y libertad de expresión) le pidieron al gobierno mexicano que ¡nos reprimiera y censurara!
Menos mal que no se pronunciaron los relatores sobre tortura y desapariciones, porque en esa lógica habrían pedido que el gobierno nos torturara y desapareciera...