Juan Meseguer
A principios de abril, el Fondo Monetario Internacional se unió al coro de voces que advierten del riesgo económico que supondría el Brexit para el Reino Unido. Antes lo habían hecho el Banco de Inglaterra e importantes agencias de calificación crediticia como Moody's, Fitch y Standard & Poor's. Incluso un economista pro-Brexit como Andrew Lilico, director ejecutivo de la consultora Europe Economics, no tiene reparos en reconocer que el coste de no ser Europa sería bastante real por lo menos... hasta 2030. Pero ya se sabe, añade Lilico, que "pocas de las cosas que valen la pena en esta vida salen gratis".
¿Y cuáles son las cosas que valen la pena? Los partidarios del Brexit lo tienen claro: recuperar la soberanía que la UE ha arrebatado a los británicos. "El referéndum no debe ser en primer lugar sobre el comercio o la regulación de las empresas. Es sobre nuestra democracia. ¿Deseamos ser un país independiente que se gobierna a sí mismo o no?", escribe en Financial Times el diputado conservador John Redwood, ex secretario de Estado para Gales en el gobierno de John Major.
El primer ministro David Cameron sabe hasta qué punto está arraigada esta idea en la mente de los pro-Brexit. El sentimiento antieuropeo entre los británicos viene de lejos, y el líder tory lo conoce de primera mano: en la Cámara de los Comunes, unos 150 diputados conservadores de 330 quieren que el Reino Unido deje la UE.
Quedarse en una UE reformada
Con este panorama, se entiende el esfuerzo diplomático que hizo Cameron antes de empezar la campaña a favor de la permanencia, postura oficial del gobierno. El primer ministro se reunió con otros líderes europeos para convencerles de que, si quería tener opciones frente a los euroescépticos, necesitaba mejorar las condiciones del Reino Unido en la UE. El Consejo Europeo se dio por enterado, y el 19 de febrero –tras nueve meses de negociaciones– el líder tory regresó de Bruselas con un acuerdo bajo el brazo. Básicamente, consiguió cuatro cosas:
1. El Reino Unido y los otros ocho Estados miembros de la UE cuya moneda no es el euro podrán paralizar las decisiones del Consejo que les afecten. Se abrirá entonces un proceso de diálogo para intentar acercar posiciones, pero no es un veto porque la última palabra sigue siendo la del Consejo.
2. Cuando el Reino Unido (u otro país comunitario) reciba "un flujo de trabajadores de otros Estados miembros de una magnitud excepcional", podrá dejarles sin prestaciones sociales por un período máximo de cuatro años. También tienen luz verde para restringir las prestaciones por hijo a esos trabajadores.
3. El Reino Unido queda excluido de la obligación contemplada en los Tratados constitutivos de la UE de trabajar por una "unión cada vez más estrecha".
4. Los Estados miembros podrán parar la tramitación de una propuesta legislativa de la Comisión Europea, si así lo decide una mayoría de parlamentos nacionales. Tampoco es un veto en sentido estricto, pues ni la Comisión ni el Parlamento Europeo está obligados a aceptar las exigencias de esos parlamentos, pero sí tendrán que negociar hasta limar asperezas.
