José Antonio Ortega Sánchez

El año en que en Michoacán fueron secuestradas una pequeña de cuatro años de edad y su mamá embarazada, cuando dos de los plagiarios trataron de recoger el rescate, la policía los detuvo y ello permitió localizar la casa de seguridad donde las víctimas estaban, liberarlas y detener a dos secuestradores más.

Ahora estos criminales están libres por decisión de los jueces Jesús Alejandro Sosa Maya, María Consuelo López Ramírez y Ana Lilia García Cardona, del Tribunal de Juicio Oral del Estado de Michoacán.

¿Cómo justificaron estos prevaricadores la liberación de los secuestradores?, pues los criminales ni siquiera alegaron haber sido torturados, sino que, según los jueces, la policía no debió haber acudido a la casa de seguridad sin antes remitir a los secuestradores detenidos al recoger el rescate ante el ministerio público y que éste los consignara ante el juez, por lo cual ¡se les violaron sus garantías a los plagiarios!

Pero si la policía hubiera procedido así, lo más probable es que las víctimas habrían sido asesinadas y que los otros dos plagiarios habrían escapado, ante la demora en el regreso de sus compinches.

¿Cómo pudo ocurrir esto?, ¿se trata de que no sirve el nuevo sistema de justicia penal acerca de cuyas supuestas bondades nos bombardea la propaganda todos los días y a toda hora?, o ¿simplemente se trata de jueces que interpretan la ley de modo torcido?

Se trata de las dos cosas. El nuevo sistema está influido por la noción ultra-garantista que favorece a los criminales. Pero aun así, jueces con sentido de justicia tienen un margen de maniobra para no favorecer la impunidad y para no castigar ni a las víctimas ni a la policía cuando hace bien su trabajo. Tal no es el caso de esos tres despreciables sujetos.

Pero el de Michoacán no se trata de un caso aislado. Muchos fallos judiciales están favoreciendo a los criminales, dejándolos libres e impunes y a sus víctimas llenas de dolor y frustración, doblemente victimizadas.

El problema de fondo es una ideología socialista que simpatiza con los delincuentes y aborrece a sus víctimas, y que esa ideología haya ido cobrando hegemonía en sectores del Estado, en particular en el Poder Judicial. Y esa ideología tiene como sus promotores a organizaciones radicales como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la más activa en la defensa de secuestradores y la que más ha favorecido su impunidad.

Saber quiénes son sus enemigos, además de los delincuentes, es el primer paso que las víctimas del delito deben dar para defenderse de quienes han desatado una cruzada contra ellas.