Bernardo Ardavín Migoni

Nadie debiera estar en contra de que las leyes sean efectivas y, en su caso, sancionen su violación ---porque las leyes sin coerción y sin castigo, son inútiles---, tanto para obligar a ciudadanos comunes como a funcionarios, aun cuando las sanciones a servidores, debieran ser más severas, por el daño mayor que causan. Pero también es necesario que sean leyes prudentes, cuyo objetivo no sea la persecución sino la regulación de la conducta para garantizar, en la medida de lo posible, que la actuación de los sujetos a ella se ordene al bien general y a la justicia.

Los legisladores violan la Carta Magna, sin ninguna contrición

El Consejo Coordinador Empresarial y el Sindicato de Empresarios de la Coparmex, principalmente, han hecho señalamientos severos reprobando la actitud de los miembros del Congreso, que han violado flagrantemente la Constitución sin ningún escrúpulo, pasando por encima de los plazos que, en su momento, hace un año, ellos mismos fijaron para aprobar las leyes anticorrupción, que supuestamente permitirían la aplicación de las reformas constitucionales.

La fecha límite fue fijada el 28 de mayo y ha sido rebasada sin que haya ninguna explicación plausible, más allá de que no se han puesto de acuerdo para obtener la mayoría suficiente para aprobarla, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Para ellos, no existen obligaciones.

Las leyes no son suficientes, es necesario insistir en la ética

Debemos insistir en la necesidad de recuperar la ética en las acciones de gobierno, mismas que, como actos humanos, son afectas por la moral, indefectiblemente ligada al ejercicio de la libertad responsable, especialmente exigible en quienes ejercen un puesto público. Una forma primaria de la corrupción es la perversión de la política, que debiendo estar orientada al bien común, como su objeto propio, es prostituida para ponerla al servicio de los intereses de personas y grupos, a despecho del bien general.

¿Qué debemos hacer?

Los ciudadanos tenemos que unir nuestras voces a los organismos y personas que están exigiendo a los legisladores: que aprueben las leyes anticorrupción, y se aseguren de que éstas contengan medidas preventivas adecuadas, y castigos severos para los servidores públicos que incurran en acciones deshonestas.
Nadie debe permanecer al margen de esta exigencia al Congreso.